Las radiales de Madrid R-3 y R-5 serán los primeros peajes a los que se aplicará el plan del Gobierno para evitar la quiebra de estas vías. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha conseguido la aprobación de su plan de rescate a las autopistas por parte de la administración concursal que gestiona la quiebra de estas vías para evitar su liquidación.
Los administradores han declarado que el proyecto del Gobierno para el pago de la deuda de las autopistas y el plan de viabilidad que ha diseñado el equipo de Pastor “son asequibles” y constituyen la “única vía con visos de evitar la liquidación” de estas empresas al borde de la quiebra.
Las primeras de las ocho vías que pondrán a prueba el plan de rescate de Fomento son las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5, tal y como indica un informe emitido por la administración concursal de Accesos Madrid, la sociedad concesionaria que gestiona estos peajes.
Así, Pastor reducirá al 50% la deuda que las radiales tienen adquirida y convertirá el resto de la cantidad en un bono a 30 años para, posteriormente, fusionarlas en una sociedad pública. Fomento irá presentando este proyecto como convenio de acreedores en los procedimientos concursales del resto de autopistas.
Aun así, los administradores de las radiales R-3 y R-5 han declarado que el plan presenta “importantes deficiencias formales y falta de información financiera que podría suponer importantes escollos a la hora del cumplimiento efectivo del convenio”, aunque los “puntos esenciales” del proyecto “parecen razonables financieramente y adecuados para el objetivo de que las autopistas continúen con su actividad empresarial”.
Ahora toca esperar a que el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid abra el plazo para que los acreedores se posicionen sobre su aceptación del plan, ya que en estos momentos está recurrido por los bancos acreedores.
Por el momento, un grupo de entidades extranjeras ha presentado un recurso de reposición en el que aseguran que Fomento remitió su propuesta fuera de plazo, y que este plan “contempla compromisos de pago que el Ministerio no tiene garantizados” y “pretende extender sus efectos a todos los acreedores privilegiados, incluso a los que no se adhieren al plan”. Además han añadido que no cuentan con la “preceptiva autorización para superar los límites legales de quita y espera”.
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