El organismo del Banco de España ha compilado en un informe 23 operaciones sospechosas de irregularidades. El objetivo es bajar la factura de los rescates para el contribuyente. Esta vez el ministro Luis de Guindos ha cumplido su palabra. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido a la Fiscalía un total de 23 informes sobre operaciones irregulares detectadas en Novagalicia y en CatalunyaCaixa. El perjuicio económico por estos movimientos ascendería a 1.500 millones de euros.
La mayor parte de las operaciones tuvieron lugar entre los años 2005 y 2008, según ha informado el FROB. Del total, 16 corresponden a CatalunyaCaixa, la caja de ahorros catalana nacionalizada y después adjudicada a BBVA. En conjunto habrían supuesto un quebranto de 900 millones de euros para la entidad. Las siete restantes se produjeron en la nacionalizada gallega, luego adjudicada al grupo venezolano Banesco y rebautizada como Abanca. En este caso, el impacto sobre balance habría alcanzado los 600 millones de euros.
Estas operaciones se centran en la concesión de créditos y la refinanciación de otros ya existentes, fundamentalmente para la adquisición de inmuebles o participaciones en diversas sociedades empresariales. En algunos casos se ha observado además que las refinanciaciones se concedían con reducción de garantías sobre los préstamos originales, según ha publicado el organismo dependiente del Banco de España. En otros, incluso, se había llegado a cancelar deudas por dación en pago de activos.
El FROB ha analizado también ventas de inmuebles adjudicados y, en general, operaciones que dieron lugar a importantes pérdidas para las dos entidades antes de su nacionalización. En todos los casos se presentan indicios de irregularidad y de haberse realizado sin responder a ninguna finalidad económica lógica.
Mientras la Fiscalía estudia los informes remitidos, el FROB informa de que seguirá revisando los análisis forenses de la contabilidad de las dos antiguas entidades de ahorro. El organismo ha explicado que este escudriñamiento de cifras tiene el objetivo en última instancia de minimizar el coste para el contribuyente, pues los millonarios rescates de ambas entidades se han llevado a cabo con dinero público de forma previa a su adjudicación a terceros por precios muy inferiores a los de su factura real.
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