La plataforma pide a Andreu que interrogue a otros ocho exconsejeros de Caja Madrid como testigos para evitar un posible ‘pacto de silencio’. El ‘15MpaRato’ ha formalizado una petición al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para que sean llamados a declarar Estanislao Rodríguez Ponga (PP), Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y otros cinco implicados en el caso de las ‘tarjetas b’ de Caja Madrid, pero esta vez en calidad de testigos. La plataforma considera que si estos exconsejeros mienten en sus declaraciones incurrirían en un delito que complicaría todavía más su situación.
El cambio de estrategia del colectivo, personado como acusación en el ‘caso Bankia’, obedece a que da por hecho que ni Miguel Blesa, ni Rodrigo Rato ni Ildefonso Sánchez Barcoj, que declararán hoy como imputados ante Andreu por el escándalo de las tarjetas, dirán la verdad al juez. Según recuerda, “tienen derecho, como imputados, a mentir en su defensa en la comparecencia de hoy”.
La plataforma, con el objetivo de “romper el muro de la omertá para que vayan cayendo todos”, ha solicitado la declaración como testigos de un total de ocho antiguos consejeros de Caja Madrid: Estanislao Rodríguez Ponga, del PP, que gastó 255.400 euros con su tarjeta; José Antonio Moral Santín (IU y 456.000 euros); Antonio Romero Lázaro (PSOE y 252.000 euros); Pedro Bedia Pérez (CCOO y 78.200 euros); Francisco Baquero (Secretario de Comunicación de Comfia, CCOO y 266.400 euros); José Ricardo Martínez Castro (Secretario general de UGT Madrid y 44.200 euros); Guillermo Marcos Guerrero (presidente de la patronal de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid y vicepresidente de la CEIM, vocal de la Junta electoral del Real Madrid, 133.600euros); Enrique de la Torre Martínez (mano derecha de Blesa, 320.000 euros).
El ‘15MpaRato’ defiende que no llama a todos los implicados porque “ralentizaría la causa enormemente y esto es lo que ellos quieren”. Además, más allá de cuánto o en qué gastó cada uno el dinero de estas polémicas tarjetas, el colectivo considera que los implicados deberán responder a una serie de preguntas, entre ellas “por qué se retribuyó a ciertas personas de manera injustificada. Desde personas que realizaban gestiones de control externo con retribuciones limitadas por ley, hasta sujetos que no desempeñaban ningún tipo de función en la entidad o habían finalizado su mandato”.
Otra pregunta que deberán responder es “a cambio de qué se pagaba a las personas que recibían estas tarjetas”. “Parece bastante obvio que se pagaba para que o directamente se aprobaran acuerdos perjudiciales para la caja o se mirara hacia otro lado cuando esto sucedía”, señala el colectivo. También deberán aclarar que “servicios, favores, o actos que se pagaban de manera ilícita a los que disfrutaban de las tarjetas pueden ser considerados lícitos”.
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