El magistrado Beltrán defiende la absolución de Silva: se le ha condenado por un delito que no existe

Elpidio José Silva, juez
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Aunque el presidente de la Sala admite que la instrucción de Elpidio Silva fue “sumamente irregular” niega que exista, como tipo penal, la «instrucción prevaricadora». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido condenar al juez Elpidio José Silva a 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada durante la instrucción del ‘caso Blesa’, en la que llegó a ordenar hasta en dos ocasiones el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid.

La condena, que recurrirá ante el Tribunal Supremo, ha sido adoptada por dos votos frente a uno por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha sido quién formulado un voto discrepante y su conclusión es que «debe dictarse sentencia absolutoria». Si bien reprocha a Silva una instrucción “sumamente irregular”, sus actuaciones “carecen de un contenido real de clara injusticia salvo que tornemos al concepto inexistente de instrucción prevaricadora«.

Beltrán, el único penalista de la Sala, cree que los autos que acordaron la prisión de Blesa fueron las actuaciones “más censurables del juez”, pero señala también que el informe que presentó Manos Limpias relacionando el mayor riesgo de fuga con la solvencia económica del expresidente de Caja Madrid “no fue ninguna nadería”.

El magistrado añade que en la práctica diaria “son centenares” la veces que cada mes los tribunales de apelación acuerdan la libertad provisional de quienes recurrieron ante ellos la prisión preventiva, “sin que ello traiga para quien la acordó consecuencia penal alguna”. En este sentido, afirma que “el análisis de riesgos que supone la decisión sobre libertad o prisión no es nada fácil”.

Beltrán incluso habla de casos famosos como el de Luis Roldán: «Hace años nadie pudo presumir que el fugado más famoso de España fuera un Director General de la Guardia Civil». También otros como Mariano Rubio, el que fue gobernador del Banco de España.

Indemnización de Díaz Ferrán

Además de los años de inhabilitación, Silva deberá pagar 10.000 euros al empresario Gerardo Díaz Ferrán, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso ‘Aerolíneas Argentinas’, “en concepto de daños morales”, según la sentencia emitida hoy por el TSJM.

Asimismo, se imponen las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares, al condenado.

«Una victoria», según Silva

Elpidio Silva ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser que interpreta la sentencia “como una victoria”. “Aunque la vamos a recurrir”, ha explicado, “el voto particular que ha emitido el presidente de la Sala Arturo Beltrán, es un espaldarazo a nuestra tesis porque defiende la absolución”.

El TSJM acordó el pasado enero la apertura de juicio oral contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual de Blesa, a quien envió dos veces a prisión, durante la instrucción del caso, en el que se investigaba un crédito de 26,6 millones que la caja madrileña concedió al empresario Gerardo Díaz Ferrán y sobre la compra del City National Bank de Florida.

El juicio a Silva no ha estado exento de polémica, después de que el juez lograse que fuera suspendido tras presentar una recusación contra la magistrada María Tardón, que fue consejera de la Asamblea de Caja Madrid de 2003 a 2005.

El nuevo juicio comenzó el pasado siete de julio y Silva nuevamente intentó suspenderlo con la interposición de una demanda contra el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, pero el Tribunal Superior lo desestimó. El propio Beltrán, que es el que ha votado en contra de la inhabilitación de Silva, había presentado su abstención al entender que estaba ‘contaminado’ para repetir el juicio al haber intervenido en las sesiones anteriores, durante las que se abordaron las cuestiones previas y declararon los testigos.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Madrid, que examinó la abstención, no compartió ese criterio. El tribunal estuvo constituido finalmente por los magistrados Arturo Beltrán, que ya presidió el anterior juicio antes de ser suspendido, Eduardo de Urbano y José de la Mata, este último en sustitución de María Tardón.