Competencia ha recomendado a la AGE que deje en manos de las emrpesas licitadoras los intereses «estrictamente privados», como el ahorro de costes o la mayor facilidad organizativa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aconsejado a la Administración General de Estado (AGE) que se centre en perseguir objetivos de interés público en la contratación de servicios de limpieza y deje en manos de las empresas licitadoras los intereses “estrictamente privados”, como el ahorro de costes o la mayor facilidad organizativa.
En su informe sobre contratación centralizada de los servicios de limpieza integral de edificios ubicados en la Comunidad de Madrid, la CNMC ha indicado que resulta “cuestionable” que el criterio mayoritariamente elegido para distribuir los lotes de la contratación sea un criterio geográfico, ya que sólo será aplicable a dependencias radicadas en Madrid e incluso con escasa distancia entre ellas, tal y como informa Europa Press.
La CNMC ha considerado que los lotes se podrían organizar bajo otros criterios como, por ejemplo, el número de edificios afectados e, incluso, la superficie de los objetos de limpieza.
Del mismo modo, el organismo presidido por José María Quemada ha propuesto replantear la limitación del número de lotes a adjudicar a una misma empresa, ya que con esta medida se evita que la empresa pueda presentar la oferta económicamente más ventajosa en casa de uno de los lotes.
Además, la CNMC ha indicado que la condición que incluye un número mínimo de horas de limpieza para cada uno de los lotes o la restricción impuesta a la hora de sustituir al personal subrogado supone una “excesiva intromisión” en la libertad de la organización de cada operador económico y limitan la competencia efectiva que se pretende garantizar en el proceso.
De todas maneras, la CNMC ha resaltado que comparte y valora “positivamente” las iniciativas dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. “Una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos dentro de los procesos de contratación presenta ciertos elementos coincidentes con el ámbito de la política de competencia”, ha subrayado el organismo.
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