Los afectados por el nuevo ERE se verán afectados en todo caso por la reforma fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Unicaja aplazará hasta 2015 los ajustes en Banco Ceiss impuestos por la Comisión Europea en la entidad castellana a cambio de permitir más ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) al proceso de fusión entre ambas entidades.
Así lo publica Leonoticias.com, que cita fuentes de los sindicatos presentes en el banco de Castilla y León. El pasado mes de enero, la Comisión Rectora del FROB aprobó una modificación del plan de resolución de Ceiss y del Term Sheet acordado con Bruselas, después de que Unicaja pidiera más ayudas públicas de las previstas inicialmente para hacerse con la maltrecha entidad heredera de Caja España-Duero.
Esta modificación se basaba en una serie de puntos que ahora deberá aplicar Unicaja: “el volumen máximo de la cartera crediticia se reducirá un 10% adicional; el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional; la ratio objetivo de préstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss; la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016”, señalaba un hecho relevante remitido a la CNMV.
El problema para este ajuste es que Ceiss sigue inmerso en el ERE que ya le impuso la Comisión Europea después de recibir un rescate de 604 millones de euros. Este ajuste supondrá la salida de 1.230 trabajadores (un 26% de los 4.700 del total de la plantilla) a través de prejubilaciones y bajas incentivadas, así como el cierre de 263 oficinas. Este ERE en vigor no se puede ampliar, por lo que deberá esperar a que concluya antes de abrir un nuevo proceso.
El nuevo ERE deberá cumplir con la reforma fiscal anunciada hace unos días por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que obligará a parte de los trabajadores a pagar IRPF por las indemnizaciones por despido. El texto, tal y como está formulado, incluye un límite de 2.000 euros por año trabajado a partir del cual habrá que tributar, si bien Montoro abrió la puerta el pasado fin de semana a elevar esta cifra para que menos despedidos se vieran afectados.
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