Los sindicatos calculan que el Tribunal Supremo tardará al menos un año en tomar una decisión definitiva sobre el recurso presentado por Liberbank ante la anulación del ERE. Los trabajadores de Liberbank deberán armarse de paciencia si quieren recuperar el dinero que el banco les debe después de la Audiencia Nacional decidiese anular el ERE que se llevó a cabo entre junio y diciembre del año pasado. La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso de casación presentado por la entidad que preside Manuel Menéndez se traducirá en que al menos hasta dentro de un año no habrá una decisión definitiva sobre el asunto.
La semana pasada, y tras cinco meses de espera, el Tribunal Supremo decidió admitir a trámite el recurso de Liberbank. Ahora el Alto Tribunal deberá decidir si desestima el recurso, ratificando la sentencia de la Audiencia Nacional, o lo estima y en qué términos, según ha comunicado el sindicato CSIF en su página web, en un comunicado en el que destaca que “aunque hubiéramos preferido que no se hubiera admitido el recurso de la empresa”, la noticia representa “un paso más hacia la definitiva resolución del conflicto creado por la empresa con el ERE del año pasado”.
En una línea similar se expresa CSICA. “No nos extraña la admisión a trámite del recurso”, señala el sindicato en un comunicado, ya que a su juicio, “en el fondo del asunto lo que subyace es, ni más ni menos, que la devolución de más de 65 millones de euros a las trabajadoras y trabajadores de Liberbank”. En ese sentido considera que “ya sabemos que los tentáculos del poder son alargados, abarcando todas las esferas de lo que siempre se ha conocido como ‘el sistema’, y últimamente ‘la casta’”.
“No nos queda más remedio que esperar estoicamente, hasta que el Supremo se pronuncie (más de un año), ratificando o anulando la sentencia de la Audiencia”. “Los argumentos de ésta son concluyentes”, defiende el sindicato, que recuerda que el Ministerio Fiscal “manifestó que se había producido violación de derechos fundamentales, habiéndose opuesto de modo rotundo al recurso de casación de la empresa”.
El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia Nacional decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.
La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.
