En un escrito del pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la industria reacciona a la solicitud realizada por Villalobos al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, para que reclame a Duro Felguera los informes internos y externos en los que se basó la SEPI para otorgarle dichas ayudas al considerar que esta inyección de dinero público revela la «inconsistencia» de las acusaciones penales contra la compañía y, por ende, contra él.
Villalobos sostiene que la ayuda de la SEPI «es una señal evidente de que, para el Estado, esta empresa no se encuentra implicada en ninguna actuación delictiva», ya que uno de los requisitos para concederla es que la sociedad beneficiaria no haya sido condenada por sentencia firme. A juicio de Villalobos, eso implica que la autoridad estatal augura que Duro Felguera no recibirá reproche penal alguno por este caso.
Pese a ello, la compañía se ha posicionado en contra de la diligencia interesada al estimar que se trata de «una solicitud de información y documentación excesiva y respecto de aspectos y cuestiones que son de innecesaria valoración en esta causa».
En este sentido, subraya que el proceso para obtener la ayuda de la SEPI ha requerido que facilite «información de carácter confidencial relativa a la situación económica de la compañía, a sus proyecciones y planes de negocio, a su financiación, así como otra abundante información que con toda propiedad puede calificarse de secreto empresarial (…) y cuya divulgación sería injustamente perjudicial» para Duro Felguera.
La industria cree que «no se justifica que sea desvelada y aportada a la causa con esa pretensión de generalidad o de totalidad», sobre todo si se tiene en cuenta –apunta– «las recurrentes e interesadas filtraciones» de la información aportada al procedimiento judicial, algo por lo que ha vuelto a poner de manifiesto su «preocupación».
Además, Duro Felguera aduce que, «de la concesión del apoyo financiero por parte del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI), no cabe extraer conclusiones sobre lo que es objeto de la instrucción».
«Si lo que se pretende es extraer del expediente administrativo del citado fondo una suerte de juicio de autoridad de un tercero, en concreto de dicho órgano administrativo (que ‘absuelva’ a nadie de los hechos investigados), tal pretensión es claramente inapropiada», ha indicado.
Así, ha recordado que ese «juicio de autoridad» sobre los hechos investigados corresponde únicamente al juez instructor, en este caso el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
No obstante, la compañía asturiana ha aprovechado para insistir en que «no hay en la causa elemento ni indicio alguno que permita sostener ni el conocimiento ni la autorización ni el consentimiento de Duro Felguera ni de sus administradores, directivos, agentes o empleados en pagos constitutivos de soborno para la obtención del contrato Termocentro» en Venezuela.
Y, ello, ha querido destacar, a pesar de «la cantinela y el prejuicio de la fuerza policial que se encuentra en el origen de posteriores iniciativas del Ministerio Fiscal y aún de decisiones del instructor».
La Fiscalía sospecha que los responsables de Duro Felguera entregaron más de cien millones de dólares a Villalobos y otros agentes venezolanos para que utilizasen su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de la empresa.
Uno de los contratos analizados por el magistrado es el que Duro Felguera firmó en 2009 con Electricidad de Caracas (EDC), una filial de Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado, Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de la capital venezolana y su área de influencia.
En un reciente escrito, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado, también investigado en esta causa, aseguró que quienes tenían «total capacidad de decisión» en los contratos que se hacían en el sector energético de la nación caribeña eran el entonces ministro del ramo, Rafael Ramírez, y el propio Chávez.
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