El 65% de la ciudadanía española cree que hay que cambiar la legislación y el sistema de acogida para que la gente no ponga su vida en peligro en el Mediterráneo, según una encuesta de Oxfam Intermón. Aún más alto (70%) es el porcentaje que considera que hay que ayudar urgentemente a las personas refugiadas porque se encuentran en peligro extremo, «lo que demuestra que el espíritu de acogida sigue vigente a casi tres años de que la llegada a costas europeas de cientos de miles de personas desatara una oleada de solidaridad sin precedentes», apunta la ONG.
“Queda claro lo que la sociedad española quiere”, según José María Vera, director general de Oxfam Intermón. “Esperemos que el nuevo presidente del gobierno escuche los mensajes de brazos abiertos que, a pesar del reto que supone, siguen lanzando hombres y mujeres de este país”.
El 87% responde que los gobiernos europeos pueden hacer más para ayudar a los refugiados y el 86% de las personas encuestadas consideran que ellas mismas pueden hacer más en el mismo sentido.
La encuesta revela también que, para el 64% de la población, se debe trabajar con la perspectiva de que esas personas puedan volver a sus países de origen. Al 80% de las personas encuestadas les preocupa el crecimiento del racismo y la xenofobia.
El estudio, hecho público este martes pero realizado antes de conocerse la situación del Aquarius, recoge también datos que muestran la penetración de algunos de los mitos fomentados por los sectores xenófobos y anti-inmigrantes: hasta un 55% de las personas encuestadas expresa su temor a que acoger a personas refugiadas puede promover la llegada de terroristas infiltrados entre ellos.
La organización ha dado a conocer este sondeo al tiempo que ha hecho público un informe con el balance de la política en la materia del gobierno del Partido Popular durante los dos últimos años. Oxfam Intermón considera que la respuesta de Rajoy ha sido de mínimos, respondiendo con el enfoque de cierre de fronteras que ha liderado en la UE y acompañada por un presupuesto para ayuda humanitaria ínfimo, que no ayuda a atender a las personas desplazadas por los conflictos o los desastres.
La política de cuotas también falló. Si bien el gobierno de Rajoy cumplió al 99% con la cuota vinculante de reasentamiento establecida en julio de 2015 (1433 de 1449 personas, aunque un año tarde), sólo llegó al 14% de la cuota vinculante de reubicación establecida en la misma fecha (1359 de 9323 personas).
Ante el incumplimiento de las cuotas, la organización presentó en septiembre de 2017 una demanda contra el gobierno español que, aunque no se admitió, sí que tuvo como resultado el reconocimiento por parte de la Comisión Europea de que el sistema era ineficiente. La Comisión señaló que recogería algunas de nuestras demandas, como la de agilizar el proceso.
El gobierno de Mariano Rajoy también limitó las posibilidades de reagrupación familiar con tan sólo 264 extensiones (permisos de residencia a familiares de personas refugiadas) en el año 2016, el último del que hay datos disponibles.
Además, tanto a nivel español como comunitario (a través de los fondos fiduciarios), parte de la ayuda que se computa como ayuda al desarrollo se destinó en realidad al control de fronteras o la cooperación policial. Como ejemplo, el Ministerio del Interior gestionó en 2015 casi la tercera parte de toda la Ayuda Oficial al Desarrollo española desembolsada en los países del Sahel con una clara intención de frenar flujos migratorios.
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