Banco de España
Aunque se ha difundido ampliamente la cifra de 60.000 millones de euros como coste total del rescate bancario en España, la realidad es que un tercio, 21.071 millones, provenían del Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC), que se financia con aportaciones de la propia banca y que está destinado a garantizar los depósitos de los clientes. El Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), con dinero público, se ocupó de los restantes 39.542 millones de euros, según calcula el banco de España en su ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014’.
El director de la institución, Luis María Linde, comparece hoy en el Congreso para explicar la operación de venta del Banco Popular y para abundar en la memoria anual que contiene el recibo de la millonaria inyección a la banca española.
En total, 56.800 millones de euros millones de dinero público con los que se insufló a BFA- Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia, Banco de Valencia, CEISS, CajaSur, Banco Gallego y BMN. El Banco de España calcula que se perderá el 69% de esa cantidad, lo que resulta en una factura para las arcas públicas de unos 40.000 millones de euros, a pesar de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, insistió en que no supondría ningún perjuicio para el bolsillo de los ciudadanos.
En conjunto, el Banco de España da por perdidos 60.613 millones de euros de los 76.410 inyectados si se suman tanto el FROB como el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que significa que en conjunto se perderán casi ocho de cada 10 euros destinados a rescatar a la banca.
Restringiéndonos a la factura pública, son inevitables las comparaciones de grandes partidas del gasto social respecto al dinero ‘regalado’ a la banca por decisión del Gobierno desde 2009. Por ejemplo, con esos 40.000 millones de euros se podría haber pagado la mitad de las pensiones por jubilación de todo un año, las de viudedad durante dos ejercicios o las de discapacidad durante tres.
Con la ayuda pública a la banca se podrían pagar dos tercios del gasto sanitario anual en toda España, que asciende a unos 65.000 millones y es una de las patas del estado del bienestar. De alargarse un poco más, con el rescate se podría haber abonado el total de la factura educativa del país de todo un año, que ronda los 45.000 millones de euros entre la aportación estatal y las autonomías.
Quedándonos en el ámbito educativo, nuestro país dedica anualmente a las becas educativas unos 1.800 millones de euros: las pérdidas públicas por el rescate bancario podrían haber costeado la formación de los estudiantes con necesidades de todo el país durante 33 años.
Asímismo, se podrían satisfacer todos los intereses por deuda pública de un año, unos 33.000 millones de euros, o afrontar durante dos años el pago de ayudas al desempleo, según los Presupuestos Generales de 2017.
Cotejando el dato por el lado de los ingresos, esos 40.000 millones superan a lo que recauda el Estado en concepto de IRPF (38.200 millones), a toda la ganancia estatal en concepto de IVA (33.000 millones de euros) y duplica lo que el Estado ingresa en concepto de Impuesto de Sociedades en un año.
Los servicios públicos básicos cuestan al Estado algo más de 16.000 millones de euros por ejercicio, por lo que la inyección perdida a la banca podría haber servido para afrontar durante más de dos años esa partida.
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