El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy de Simón, han apostado este viernes en el Congreso por un nuevo sistema de indemnización mixto, con una cuenta individualizada del trabajador, al estilo de la llamada ‘mochila austriaca’.
En sus comparecencias ante el grupo de la Comisión de reconstrucción de la Cámara Baja tras la crisis del coronavirus dedicado a la reactivación económica, ambos han defendido la necesidad de reformar el mercado de trabajo, pero sin derogar la última reforma laboral de 2012.
Ninguno de ellos ha detallado si este modelo de ‘mochila austriaca’ se nutriría con el ahorro del trabajador. En su detalle, Doménech ha abogado por extender este sistema solo a los nuevos contratos, de forma gradual, pero tanto a temporales como a indefinidos, y que las indemnizaciones se dividan entre las aportaciones realizadas a esta ‘mochila’ y las que deba realizar la empresa en el momento del despido.
Doménech ha destacado que el desempleo estructural en España, el doble en los últimas cuatro décadas al de las ocho economías más potentes, no se debe a un problema de calidad de las instituciones o de capital humano, sino una regulación laboral «social y económicamente ineficiente» que «genera dualidad y desigualdad».
En este sentido, ha señalado que el menor coste de del empleo temporal reduce los incentivos para invertir en formación y favorece una estructura productiva con empleos de menor calidad, menor cualificación, frente a otros con mayor valor añadido y un mayor uso de la tecnología.
Frente a ello, ha propuesto simplificar el número de contratos a tres categorías laborales, un sistema mixto por despido a los nuevos contratos con una cuenta individual al estilo de la llamada ‘mochila austriaca’, una indemnización constante para temporales y creciente para indefinidos en función de su antigüedad, acotar la negociación colectiva «hasta la eficiencia económica» –«deberían tener eficacia limitada», ha dicho–, y apostar por la digitalización y un análisis ‘big data’ en las políticas activas de empleo.
También ha abogado por una reducción «drástica» de contratos Íñigo Sagardoy, así como por una «causa explícita de contratación», con un «régimen jurídico propio» para facilitar la contratación tras la crisis, un sistema de incentivos «más dirigidos a la formación que a la propia contratación», «dejar más margen a la negociación colectiva sectorial» y facilitar la distribución irregular de la jornada y la reducción del tiempo trabajado como alternativa a los despidos.
Asimismo, ha planteado dejar de forma permanente el sistema de facilidades de los ERTE, simplificando la suspensión de contratos, mantener el sistema de prestaciones aprobado y ha propuesto un sistema de compensaciones directas del Estado a las empresas «para rescatar a los trabajadores de los ERTE y minimizar el coste laboral a las empresas.
También ha participado en estas comparecencias el economista Juan Ramón Rallo, que ha planteado la necesidad de presentar «un plan creíble de ajuste» –«el ajuste por el ingreso es mucho más doloroso, en el gasto hay un control mucho más directo y creíble», ha dicho– y ha abogado por facilitar las condiciones para un escenario de «inversión masiva» en el sector privado para mantener la capitalización de las empresas actuales y crear nuevas.
Durante su intervención, Doménech ha rechazado la derogación de la reforma laboral de 2012, pues considera que lo que el mercado de trabajo necesita «son mejoras en eficiencia y equidad», considerando, eso sí «muchos espacios de mejora para reducir la temporalidad, el desempleo estructural y el desempleo de larga duración».
«No es el momento ni la forma, legítima, por supuesto, pero no es momento adecuado», ha apostillado Sagardoy, que ha defendido la fórmula del diálogo social para acordar los cambios laborales, y asegurando que la reforma laboral de 2012 ofrece más soluciones a las empresas para evitar la fórmula de despidos.
