Efectivos de bomberos en la extinción de un incendio forestal en la carretera N120 en A Cañiza (Pontevedra) el 31 de julio. EFE/ Alberto Sxenick
El verano de 2025 ha vuelto a poner a prueba a España. Con miles de evacuados y grandes incendios simultáneos, el debate sobre la prevención y los medios autonómicos reaparece con fuerza. La foto de fondo es inequívoca: la inversión en prevención se redujo a la mitad en la última década, mientras el gasto en extinción quedó prácticamente estancado. A esa tendencia se suman decisiones autonómicas —desde recortes de meses de campaña a déficits de plantilla— que explican buena parte del estrés operativo actual.
España pasó de más de 360 millones en prevención en 2009 a menos de 180 millones en 2022 (−51%), mientras la extinción ronda cifras similares a las de hace quince años, alrededor de 417 millones. Es la principal palanca que se ha soltado: los trabajos de limpieza y gestión de combustible —menos visibles políticamente— son los más recortados.
La prevención cayó un 51% entre 2009 y 2022, justo la partida que más reduce el riesgo en verano
Por comunidades (prevención 2009–2022, variación):
Comunidad | Variación % | Apuntes clave |
---|---|---|
Castilla y León | −86% | De 10,27 M€ a 1,41 M€ |
Andalucía | −67% | A la vez elevó extinción (+89%) hasta casi 140 M€ |
Asturias | −54% | Descenso acusado hasta 2022 |
Galicia | −5% | Mantiene niveles altos y refuerza formación |
Extremadura | +17% | Aumenta prevención y anuncia refuerzo del INFOEX |
En Castilla-La Mancha, las protestas se repiten: sindicatos denunciaron en varias ocasiones la reducción de días efectivos de campaña (89 días frente a los 122 habituales), bases cerradas y autobombas fuera de servicio.
En la Comunidad de Madrid, los bomberos forestales mantienen un conflicto laboral: convenio sin actualizar desde 2008, salarios congelados desde 2010 y decenas de vacantes sin cubrir, con huelgas en plena campaña y un gran incendio que destapó la falta de inversión en vehículos y equipos de protección individual.
Los contratos de fijo-discontinuo de 3–6 meses siguen siendo el talón de Aquiles del operativo en varias CCAA
En Andalucía, el dispositivo Infoca arrastra quejas históricas por material y condiciones, y este verano sindicatos han vuelto a alertar de déficit operativo en varias provincias.
En la Comunitat Valenciana, tras años de conflictos, sindicatos y brigadistas han denunciado recortes y precarización, mientras el Consell reivindica refuerzos recientes.
En Galicia, el Pladiga cuantifica más de 7.000 personas, pero brigadistas cuestionan esa cifra y piden ampliar los contratos de seis meses; la Xunta ha anunciado más presupuesto para formación y mejoras de instalaciones.
En Aragón, el nuevo convenio de la empresa pública Sarga reconoce la figura de bombero forestal y extiende la actividad a 12 meses, un giro tras años de temporalidad y conflictos.
La Sierra de la Culebra (Zamora) se convirtió en símbolo: los megaincendios de 2022 (≈65.600 hectáreas) evidenciaron el impacto de campañas cortas y falta de prevención acumulada; el operativo quedó desbordado en episodios de tormentas secas.
La prevención fuera del verano es la póliza de seguros que más se ha recortado
CCAA (selección) | Qué ocurrió | Periodo |
---|---|---|
Castilla-La Mancha | Reducción de días de campaña (89 vs 122), bases cerradas | 2020–2024 |
Madrid | Huelga, sueldos congelados desde 2010; problemas de medios en gran incendio | 2025 |
Andalucía | Denuncias por material y precariedad; protestas recientes | 2017–2025 |
C. Valenciana | Denuncias de recortes y precariedad; refuerzos anunciados | 2024–2025 |
Galicia | Contratos de 6 meses cuestionados; refuerzo de formación e infraestructuras | 2023–2025 |
Aragón | Convenio que fija 12 meses y reconoce categoría | 2024–2025 |
El dispositivo estatal de refuerzo cuenta con más de 50 medios aéreos, 10 brigadas forestales helitransportadas y equipos de apoyo que se activan a petición de las autonomías. Estos refuerzos ayudan, pero no sustituyen a los recursos propios, cuya competencia y plantilla diaria son autonómicas.
El refuerzo estatal ayuda, pero la competencia y la plantilla diaria son autonómicas
Campañas de 12 meses como estándar (no solo en picos de riesgo)
Recuperar inversión en prevención (selvicultura, cortafuegos, interfaz urbano-forestal)
Estabilizar plantillas y homologar condiciones
Renovar material y equipos de protección
Evaluación pública y anual por CCAA con indicadores comparables
La evidencia apunta a que cada euro en prevención ahorra múltiples euros en extinción y daños.
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