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“No puede aceptarse que en nombre del mercado se pongan en riesgo miles de puestos de trabajo”, ha dicho Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha recordado que el propio BBVA ha cifrado el impacto de la operación en 4.000 puestos de trabajo, mientras que los sindicatos elevan la cifra a una horquilla de entre 7.000 y 10.000 empleos.
Díaz ha señalado que “no vale todo” y que la lógica de la rentabilidad privada no puede estar “jamás” por encima de los derechos económicos de la ciudadanía, recoge Europa Press. En este punto, ha apuntado que el Estado “tiene la obligación democrática” de defender el interés general e incluso intervenir para corregir desequilibrios y garantizar la inclusión y proteger al conjunto de la sociedad.
Así lo ha manifestado Díaz en unas jornadas financieras celebradas este jueves en el Congreso, donde ha anunciado que Sumar presentará una proposición de ley en la Cámara para definir a la actividad bancaria como Servicio de Interés Económico General (SIEG).
De este modo, las entidades financieras estén sujetas a obligaciones específicas de servicio público como conceder una cuenta corriente sin comisiones y de forma completamente gratuita.
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