Según adelantaba el diario belga L’Echo, recoge Europa Press, Mogherini, que pasó en 2020 a ser rectora del Colegio de Europa, se encuentra entre las tres personas en custodia policial en esta operación. Horas después, ha confirmado la detención de Sannino, quien fuera secretario general del SEAE con Borrell y actual director general de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea, así como el director adjunto del Colegio de Europa.
La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación con fondos europeos de jóvenes diplomáticos, ha informado la misma EPPO en un comunicado. Siguiendo su petición, la policía belga realizó registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en la sede del SEAE en Bruselas y en las viviendas de los sospechosos, pasando a ser detenidos tres de ellos.
En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha confirmado la redada en la sede del servicio diplomático europeo, pero ha evitado entrar en detalles, apuntando que la operación está relacionada con actividades “del mandato anterior”, esto es la etapa de Josep Borrell al frente del SEAE.
En el foco de la Fiscalía europea está el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa en Bélgica en una licitación para el curso 2021-2022, según la citada agencia.
Las sospechas se centran en que en el proceso de licitación del programa “se vulneró la competencia leal” y “se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes”.
Los hechos investigados se remontan a los años en los que la diplomacia europea estaba dirigida por Borrell, mientras que Mogherini, ex jefa del SEAE, presidía la institución educativa. Antes de los registros, la EPPO solicitó con éxito el levantamiento de la inmunidad de varios de los sospechosos.
Estos episodios fueron comunicados a la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), ya que podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.
