El Boletin 2030

Desarrollan una herramienta para estimar el valor económico de los recursos naturales

Lo han denominado RECAMAN y constituye una respuesta metodológica recomendada por Naciones Unidas en la última versión de su manual de cuentas de los ecosistemas, aprobado este mes de marzo, para cuantificar los recursos naturales y biológicos a nivel mundial.

“Hemos desarrollado una metodología para inventariar los recursos naturales –que van desde la extracción de madera a la captación de CO2, pasando por los beneficios recreativos que aportan los montes– revelando su valoración económica total. De momento la hemos aplicado en Andalucía, pero es válida para cualquier rincón natural del planeta”, explica el coordinador del proyecto, Pablo Campos Palacín, que es investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC).

RECAMAN constituye una respuesta metodológica recomendada por Naciones Unidas en la última versión de su manual de cuentas de los ecosistemas

El trabajo está liderado por el Grupo de Economía Ambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, entre los 9 centros que participan está el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Por su parte, Javier de la Torre, director gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, apunta que: “Con el conocimiento de los costes y los beneficios reales del campo se busca un equilibrio y mejorar los sistemas de producción de madera y otros recursos para que sean acordes con la conservación. Se trata de establecer las políticas de protección y tipos de uso más adecuados”.

En el caso concreto de Andalucía, los sistemas forestales se caracterizan por tener producciones muy diversificadas (pastos, caza, madera, leña, miel, setas, corcho, frutos, plantas aromáticas…), con una importante presencia de productos forestales no madereros. Esto les da mucha relevancia para la economía local y poca para los mercados internacionales de la madera. Son áreas con muchos valores ambientales, como el uso recreativo de espacios naturales, la fijación de CO2 o aquellos relacionados con la biodiversidad de los bosques mediterráneos, de los que se tiene escasa información sobre su aporte económico, pero sí del importante gasto público que requiere sustentarlos. Es fundamental, apuntan los responsables del proyecto, que se consideren estas herramientas en el desarrollo de las nuevas políticas económicas y ambientales.

Los investigadores han valorado más de 20 actividades, entre las que se encuentran las producciones privadas de madera, corcho, leña, piña, ganadería, silvicultura de conservación, caza y el autoconsumo ambiental de los propietarios

Esta investigación ha sido plasmada en más de 25 artículos científicos. Un artículo publicado en la revista Ecological Economics explican los indicadores de bienes y servicios que aportan los ecosistemas en zonas naturales. En concreto, los investigadores han valorado más de 20 actividades, entre las que se encuentran las producciones privadas de madera, corcho, leña, piña, ganadería, silvicultura de conservación, caza y el autoconsumo ambiental de los propietarios. También se han tenido en cuenta otras actividades públicas como los servicios recreativos, de preservación de la biodiversidad salvaje, escorrentía del agua superficial embalsada, servicios de conservación del paisaje, recolección de setas y fijación de CO2.

“Para asegurarnos de que las valoraciones de los bienes y servicios públicos puedan sumarse con los productos privados se ha simulado la existencia de pagos directos de los consumidores por los bienes y servicios públicos que les aportan los montes”, aclara Campos Palacín.

Por su parte, Eduardo Moyano, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) comenta: “Para este trabajo se dio mucha importancia a la dimensión social del proyecto, que siempre tuvo un enfoque multidisciplinar. Para valorar los servicios con rigor, desde el IESA-CSIC se hizo una labor muy intensa de recogida y análisis de datos a través de encuestas a hogares, visitantes de espacios naturales, a cazadores, etc., con objeto de medir el valor que daban a los recursos naturales».

“Uno de los grandes valores de este trabajo es que, además de ser una potente herramienta para analizar científicamente la compatibilidad de usos del territorio, muestra con cifras cuánto dinero pierde la sociedad cuando se quema un bosque o se sobreexplota un ecosistema. Es fácil saber cuánto gasta la Administración en mantener las áreas forestales. Lo que no se conoce tanto es qué parte del PIB corresponde a servicios ecosistémicos que ahora, gracias a esta herramienta, podemos estimar con rigor. Personalmente creo que esta metodología puede resultar muy útil para que la sociedad valore el patrimonio natural y sea consciente de que, más allá de sus valores emocionales, la naturaleza ofrece recursos con un gran valor económico”, reflexiona el investigador del MNCN, Mario Díaz.

Se han generado las metodología e información necesarias para que se incorporen a los modelos de contabilidad ambiental de la Unión Europea (UE) las características multifuncionales de la economía del monte mediterráneo

Un proyecto alineado con el Pacto Verde Europeo

Los resultados del proyecto RECAMAN muestran el éxito de la cooperación de más de una docena de instituciones científicas españolas entre las que se encuentran varios institutos de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Con este trabajo se han generado las metodología e información necesarias para que se incorporen a los modelos de contabilidad ambiental de la Unión Europea (UE) las características multifuncionales de la economía del monte mediterráneo, frente al predominio que hasta ahora tenían las características de los bosques del centro y norte de Europa.  Además, con este trabajo se da respuesta a las indicaciones de la Estrategia Europea de la Biodiversidad.

Además del MNCN, en el proyecto ha participado el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y la Estación Experimental Aula Dei, todos del CSIC.

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