Según recuerda Comisiones, el Ejecutivo autonómico ya sacó el pasado año, también en agosto, “una orden de tarificación que incluía un avance hacia la privatización de la sanidad con la posibilidad de privatizar las consultas de Atención Primaria”. “Una orden que, a fecha de hoy, no ha sido modificada, a pesar de los acuerdos firmados por el propio presidente del Gobierno andaluz y por la Consejería de Salud que obligaban a retirar esa tarificación”, destaca el sindicato.
CCOO denuncia que en el Boletín Oficial de la región (BOJA) del 4 de agosto, se publica “una nueva disposición que avanza en la privatización de la sanidad”. Se trata, “de un acuerdo con Ibermutua, ampliable a todas las mutuas que quieran acogerse a él, que deja en manos de éstas el seguimiento y control de las incapacidades temporales por contingencias comunes”. “Es decir, por cualquier enfermedad común, y no sólo por procesos traumatológicos o por accidentes laborales”, detalla en una nota.
De acuerdo al BOJA, la mutua puede hacerse cargo de todo el proceso diagnóstico y del tratamiento del paciente y emitir un informe final proponiendo el alta a la inspección médica, “dejando a los médicos de familia de Atención Primaria fuera del tratamiento y control de esas IT”, critica. Incluso, alerta, “la mutua puede proponer el alta incluso cuando no haya intervenido en el tratamiento del paciente”.
“Mercantilizar la baja laboral”
Para el sindicato “dejar a los médicos de familia fuera del tratamiento y control de esas IT supone una parcelación de la asistencia sanitaria”. “Estamos hablando de mercantilizar la baja laboral dejando en manos de una entidad patronal un proceso que tiene consecuencias económicas para las empresas. La baja laboral no es un mero acto administrativo, sino que es una medida que forma parte del tratamiento del paciente”, señala el portavoz de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, Luis González.
El sindicato recomienda a los trabajadores que se nieguen a ser atendidos por las mutuas y “opten por la neutralidad y capacidad del médico de familia, a quien sólo le preocupa su salud y no los intereses de las empresas”.
Para UGT la publicación en el BOJA de este convenio entre la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud e Ibermutua’ es “un paso más” hacia “la privatización” del sistema público. Además, recrimina que esta “externalización” del servicio de seguimiento de las bajas se base en “favor de la agilización de la prestación asistencial y curación del paciente y de una mayor eficiencia económica y de la optimización del aprovechamiento de recursos públicos”.
