A juicio del secretario general de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Miguel Ángel Cabra de Luna, «la plenitud» de esta norma sería llegar a la media europea, que supone un millón y medio de beneficiarios, es decir, 50.000 más que los actuales.
En este sentido, el sociólogo experto en políticas sociales Antonio Jiménez Lara ha asegurado que en España hay 229.500 personas con el derecho reconocido, pero a la espera de la prestación, una situación que se reparte muy irregularmente en el territorio nacional.
Según este experto, «una de las cuestiones más urgentes es intentar dar respuesta a estas personas, agilizar trámites y simplificar y unificar procedimientos».
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Autonomía Personal del CERMI, Paulo Fontán, ha manifestado que el copago y los tiempos de espera han diluido este derecho y los servicios de promoción de la autonomía personal siguen siendo «claramente insuficientes».
Además, la presidenta de ASPACE, Manoli Muro, ha reclamado que se respeten los servicios que ya se prestaban antes de la Ley de Autonomía y «no se aproveche esta prestación para suprimir otras».
Entre otras conclusiones, la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha denunciado que en la prestación de servicios se sigue pensando en el modelo institucionalizado, incluso en las propias familias.
Igualmente, el presidente de PREDIF, Fran Sardón, quien lidera esta lucha del reconocimiento y regulación de esta prestación, ha afirmado que «sigue siendo la última en regularse hoy por hoy». «En toda España, no llegan a 8.000 las personas que reciben la prestación de asistencia personal, ni una sola en algunas comunidades autónomas», ha alertado.
