Denuncian la privatización del servicio en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Denuncian la privatización del servicio en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Madrid

CCOO desvela que desde el 5 de febrero no se presta el servicio de acreditación para la obtención de la firma electrónica.

Ayuntamiento de Madrid

Demoras en las agendas o esperas de más de media hora para ser atendidos. CCOO ha denunciado la situación de “dejadez” y “abandono” en el que se encuentra el servicio que se presta en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Madrid desde que PP y Ciudadanos se hicieron con el Ayuntamiento de la capital.

Según este sindicato, los motivos se deben a la falta de recursos humanos, así como de medios telemáticos para prestar el servicio de Registro de forma adecuada y de previsión ante la demanda ciudadana para cumplir los plazos que marca la Administración para algunos trámites.

En esta línea, CCOO quiere denunciar que desde del día 5 de febrero se ha dejado de prestar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid (OAC) el servicio de acreditación para la obtención de la firma electrónica, un servicio que se lleva prestando 20 años por funcionarios y funcionarias y “que resulta, ahora más que nunca, esencial para la relación de la ciudadanía con la Administración”. “Se ha informado a la plantilla de que no se renueva el convenio que el Ayuntamiento tenía con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y de la misma manera que para la ciudadanía, el servicio de acreditación de firma electrónica para la plantilla municipal, realizado hasta ahora por los propios funcionarios y funcionarias habilitadas, va a ser realizado por una empresa privada”, advierten desde este sindicato.

Ante esto, Comisiones se pregunta “qué pretende la Corporación municipal”. “Es evidente que mejorar el servicio a la ciudadanía no está dentro de sus prioridades, justo lo contrario de lo que hace en favor de los intereses y beneficios empresariales”, sostiene el sindicato. En su opinión, “parece que se apuesta por desmantelar y deteriorar poco a poco el servicio que se presta en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía para, de esta manera, poder justificar su privatización”.

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