La FAPA Giner de los Ríos y CICAE han registrado en la Asamblea de Madrid dos informes, realizados por consultoras privadas especializadas, que “demuestran las irregularidades en el cobro de cuotas de la mayoría de colegios de la nueva concertada de la Comunidad de Madrid y el lucro que de ello obtienen”, explican ambas plataformas en un comunicado.
En efecto, los documento concluyen que el 100% de los centros analizados exigen un pago fijo obligatorio de 148 euros al mes, de media, elevándose en algunos casos hasta de los 198 euros mensuales, lo que “vulnera todas las normativas vigentes, en particular la Ley Orgánica del Derecho a la Educación”, según la FAPA.
Ambas plataformas recuerdan que la mayoría de estos colegios, en régimen de concierto, han sido construidos en la última década gracias a que la Comunidad de Madrid cedió terreno público a precios ventajosos. “Los documentos demuestran que el patrón con el que opera gran parte de estos centros educativos difiere del de una entidad benéfico docente receptora de subvenciones públicas”, explican en un comunicado. Consideran que los colegios concertados en suelo público se asemejan a “organizaciones con una estructura de entramado empresarial complejo, lo que va en contra de las exigencias legales para gozar de un concierto y, con ello, de los fondos públicos que se reciben”.
Los estudios de las consultoras evidencian que solo el 20% de los colegios analizados menciona el carácter no lucrativo de la cuota. “La ley indica que se considera una falta grave, motivo de retirada del concierto, que estos centros generen lucro con la percepción de estos cobros”.
A su vez, el 77% no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres; de estos, el 39% tampoco lo refleja por escrito, y el 23% que sí lo menciona en la visita y lo refleja por escrito tiende a explicar “de manera verbalizada” que tienen carácter obligatorio en la práctica, en incluso “que la Administración les obliga a ponerlo así”.
“Por lo tanto, un alumno en la enseñanza obligatoria en uno de estos colegios supone a su familia un desembolso medio de 3.000 euros anuales, sumando los gastos de la cuota complementaria, junto con la del comedor”, explican las asociaciones.
Denuncian que las familias están desprotegidas, “pues deben aceptar las condiciones de pago mensual que se les exigen, sin informarles debidamente de su carácter no obligatorio, o bien omitiendo datos en sus informaciones, como el contenido de estas actividades, o el horario de prestación de las mismas”. Los informes señalan “un nivel de presión muy elevado a la hora de aceptar este impuesto revolucionario”, denuncia el comunicado.
Recuerdan que en el curso 2015-2016 ya se realizó un primer estudio, y el 100% de los colegios sigue reclamando una cuota fija adicional, por encima de los 100€ mensuales. “Desde entonces, únicamente cuatro centros han efectuado cambios para adaptarse a la legislación vigente y añaden notas a pie de página de sus comunicaciones sobre la voluntariedad del pago mensual, aunque en las visitas presenciales han recalcado su carácter obligatorio”.
Insisten en que cualquier entidad que recibe fondos públicos o subvenciones está sometida a exhaustivos controles: “Sin embargo, estos colegios no lo están en el mismo grado. No se controla si obtienen beneficios con todas las actividades y servicios que ofrecen en torno a la enseñanza. Según acreditan los informes, la educación privada concertada se ha convertido en un negocio de grandes beneficios para estos centros, en contra de lo permitido por la normativa aplicable”.
Por ello, la FAPA Giner de los Ríos y CICAE instan a la Administración a que adopten nuevas y mejores medidas de control y rectificación de las prácticas irregulares por parte de la nueva concertada, que perjudica a las familias y tanto a la enseñanza pública como a la privada independiente.
En el mes de julio, las dos plataformas registraron estos informes en la Asamblea de Madrid, dejando la información “a disposición de la presidenta Cristina Cifuentes y solicitando una reunión para conocer las medidas que tengan previsto adoptar para evitar estos abusos”, informan.
Pero hasta el momento denuncian que ni la presidenta ni el consejero de Educación les han recibido. “Estas prácticas ilegales perjudican tanto a los recursos públicos como a las familias que tienen eliminada la tan cacareada libertad de elección de centro en muchos colegios concertados, y que además suponen una competencia absolutamente desleal para los centros privados independientes”, concluyen.
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