En su denuncia, la OCU pide que se evalúe si la transposición realizada por todos los municipios de España se ajusta al contenido de la directiva e insta a la Comisión a que, en caso de detectar incumplimiento, inicie el procedimiento correspondiente para conseguir que se cumpla.
La organización ha explicado, recoge Europa Press, que la directiva europea sobre los residuos establece el principio de ‘quien contamina, paga’, y que este “debe incentivar la gestión de cualquier tipo de residuos”. Además, ha recordado que en España la aplicación de esta norma se realizó mediante la aprobación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se establecía la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de “establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de dicha gestión”.
A pesar de esta obligación, la OCU ha manifestado que la aplicación de la tasa no se ha hecho de forma correcta en diferentes municipios españoles. “Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora, aplican una tarifa fija todos los contribuyentes, de manera que no refleja el coste real del servicio ni aplica el principio de ‘quien que contamina, paga’”, ha subrayado.
Discriminatoria
También ha denunciado que este principio tampoco se ha respetado en el Ayuntamiento de Madrid, puesto que la tasa de basuras se calcula con una parte fija que depende del valor catastral de la vivienda, algo que para la OCU “puede resultar discriminatorio y alejado del coste real del servicio”.
Este valor se combina con otros dos criterios: la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de las basuras en cada distrito. Según explica la organización, esto genera “grandes diferencias” entre los vecinos en función de donde residen, pues se mezclan residuos de origen no residencial –como pisos turísticos, comercios o negocios— con los que sí lo son, resultando en “una fuerte penalización para algunos vecinos”, expresa en un comunicado.
Por otra parte, la OCU ha informado de que los ciudadanos que no estén de acuerdo con la liquidación de la tasa de basuras tienen un mes para impugnarla y que los recursos pueden interponerse ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal.
