La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben las centrales eléctricas.
Entienden que estos pagos “violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado”, pues “no son de interés general, son desproporcionadas y no hay necesidad de intervención del Estado”. “No hay justificación alguna para que los consumidores tengamos que pagar estos sobrecostes en nuestra factura eléctrica”, añade en un comunicado Ana Barreira, directora de IIDMA.
En concreto, la denuncia se refiere a dos de los pagos por capacidad del sistema eléctrico español, el incentivo a la inversión y el servicio de disponibilidad. Si Bruselas la admite a trámite, las compañías eléctricas tendrán que devolver más de 3.000 millones de euros percibidos por estas ayudas sólo durante el periodo de 2011 a 2015, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los que hace referencia el comunicado.
Como explican las organizaciones, las ayudas se dirigen principalmente a las centrales de gas o carbón: “las energías renovables no pueden por ley solicitar estas ayudas, beneficiando principalmente a las técnicas más contaminantes”.
La Comisión Europea finalizó en noviembre de 2016 una investigación sectorial alertando de que en España existían cuatro mecanismos por capacidad de dudosa utilidad y cuestionando su conformidad con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
