Tribunal Supremo
La Asociación El Defensor de El Paciente ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, sustenta su petición en las afirmaciones de Ayuso en una entrevista publicada este fin de semana en el diario ‘El Mundo’ en la que reconoce, según la denunciante, que, de forma deliberada, “ordenó no aceptar en los hospitales a los ancianos, fundamentalmente procedentes de las residencias”, quienes, presuntamente, “murieron abandonados y desamparados”.
Flores tacha de “inhumana” las manifestaciones de Ayuso, criticando que decidiera “dejar sin asistencia médica a los ancianos, con evidente infracción del artículo 14 de la Constitución Española”.
Asimismo, sostiene que la presidenta regional infringió con ello 2toda la normativa en materia de Sanidad y Derechos Humanos”. “Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado. ¿A toro pasado? No les ha ofrecido una mínima oportunidad de supervivencia y han fallecido aproximadamente 17.000 por decisiones como esta2, ha afeado.
Por ello, El Defensor del Paciente ha destacado que quiere que se investigue cuántos han podido fallecer sin recibir la asistencia adecuada debido a esta decisión al considerar que “la petición de investigación e intervención está más que justificada; más todavía si considera que el presidente de la patronal de las residencias ha manifestado, también públicamente, que no llegaban los medicamentos, a excepción de la morfina”.
La asociación basa su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que “obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal”.
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