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Democracia para consumo propio

La Justicia sigue haciendo su trabajo al margen de la política, del Gobierno y del Parlamento, que hacen el suyo. Es la base de la democracia: la separación de poderes, uno de sus principales principios. La independencia judicial es la garantía igual para todos de que las leyes elaboradas y aprobadas por el Ejecutivo y el Legislativo se cumplen. Para corregir cualquier fallo o error de los jueces el sistema siempre ofrece cauces para que las sentencias sean revisadas por un tribunal superior. Pero lamentablemente no todo el mundo lo entiende así y, aunque a estas alturas parezca imposible, sigue habiendo quien considera que todo debe estar supeditado al arbitrio de la voluntad del Ejecutivo.

Hace un par de días se reunieron en Madrid los presidentes del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña. Fue sin duda un hecho político relevante. Hablaron durante dos horas y media y llegaron a acuerdos que permiten el deshielo en las relaciones entre aquella Comunidad Autónoma y el Estado y a desacuerdos sobre las pretensiones de los secesionistas que pretenden imponer sus deseos a los demás por encima de la Constitución de todos. Pero mientras tanto, los jueces, como no podría ser de otra forma, no se han visto obstaculizados para seguir con los procesos abiertos contra los líderes independentistas acusados de violar la Constitución, el Estatut y otras leyes.

Uno de ellos, Larena, el juez del Tribunal Supremo que está encargado de la instrucción tomó la decisión, esperada por otra parte, de suspender la posibilidad de desempeñar o acceder a cargos públicos al ex President Carles Puigdemont y a cinco acusados más, que tendrán que abandonar sus escaños en el Parlament, hasta que se vea la causa. Todo normal en el funcionamiento de las instituciones de cualquier país, pero algunos políticos independentistas no lo entienden así. Los diputados en el Congreso de esta ideología han expresado su enérgica protesta y, lo más chocante, partiendo de argumentos que rechazan la independencia judicial y consideran que debe de ser el Gobierno quién tome esas decisiones en función de criterios estrictamente políticos.

Un espectáculo político verdaderamente sonrojante y bien revelador del escaso respeto democrático de quienes lo están protagonizando. Son muchas las conclusiones que se derivan de esta actitud y muchas las preguntas que cabe hacerles a los que quieren la independencia de Cataluña. ¿Acaso lo que pretenden es crear una República donde, como está empezando a ocurrir en Polonia y es habitual en todas las dictaduras, la Justicia esté supeditada al Gobierno? Si lo que pretenden es un Estado catalán de estas características, ¿será que los señores diputados quieren una democracia a la medida para consumo propio? ¿Incluso para poder gestionar ellos mismos los procesos en torno a la corrupción del tres por ciento?