Demandan a Ayuso por exponer a los sanitarios de Atención Primaria a “gravísimos” riesgos laborales

Demandan a Ayuso por exponer a los sanitarios de Atención Primaria a “gravísimos” riesgos laborales

Los sindicatos reclaman la “mayor indemnización económica pedida” contra una administración por no contar con un “verdadero” plan de prevención de riesgos laborales.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. (Foto: Comunidad de Madrid)
Los sindicatos sanitarios han anunciado la presentación de una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por sus “gravísimos y reiterados incumplimientos” en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria.. La demanda impulsada por AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, UGT, CSIF y APSeMueve, reclamará la “mayor indemnización económica pedida” contra una administración por no contar con un “verdadero” plan de prevención de riesgos laborales. Tal y como recuerdan los sindicatos, a día de hoy ya hay numerosas sentencias individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con “hasta 8.000 euros a cada profesional afectado”. Si cada profesional de Atención Primaria denunciara, la indemnización que tendría que asumir el Ejecutivo autonómico rozaría los 5 millones de euros. “La Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales”, apuntan las organizaciones sanitarias, que ya vienen alertando al respecto desde hace años. “Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria”, han señalado los sindicatos demandantes. Asimismo, estas formaciones han lamentado la falta de actitud proactiva por parte de la administración en la negociación “a pesar de nuestros esfuerzos e interés por alcanzar acuerdos”, han apostillado. Por ello, esta demanda colectiva busca acabar con los “incumplimientos legales” que ponen en “grave riesgo” a la totalidad de la plantilla de Atención Primaria.

Los sindicatos sanitarios han anunciado la presentación de una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por sus “gravísimos y reiterados incumplimientos” en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria.

La demanda impulsada por AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, UGT, CSIF y APSeMueve, reclamará la “mayor indemnización económica pedida” contra una administración por no contar con un “verdadero” plan de prevención de riesgos laborales.

Tal y como recuerdan los sindicatos, a día de hoy ya hay numerosas sentencias individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con “hasta 8.000 euros a cada profesional afectado”. Si cada profesional de Atención Primaria denunciara, la indemnización que tendría que asumir el Ejecutivo autonómico rozaría los 5 millones de euros.

“La Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales”, apuntan las organizaciones sanitarias, que ya vienen alertando al respecto desde hace años.

“Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria”, han señalado los sindicatos demandantes. Asimismo, estas formaciones han lamentado la falta de actitud proactiva por parte de la administración en la negociación “a pesar de nuestros esfuerzos e interés por alcanzar acuerdos”, han apostillado.

Por ello, esta demanda colectiva busca acabar con los “incumplimientos legales” que ponen en “grave riesgo” a la totalidad de la plantilla de Atención Primaria.

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