Los informes policiales recabados, afirma la Delegación del Gobierno en una nota, advierten del “riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio”.
Asimismo, se han tenido en cuenta los graves hechos ocurridos la noche del pasado domingo, cuando, según recuerda, dos individuos encapuchados agredieron a varios menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del Centro de Acogida de Hortaleza, resultando uno de ellos hospitalizado. Estos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional.
En base a esto, y “tras el análisis del expediente y de los informes de seguridad”, la Delegación ha dictado una resolución de prohibición con el objetivo de “proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor”.
“Se considera que el lugar elegido -las inmediaciones del centro, que constituye el domicilio habitual de los menores- vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”. Por tanto, detalla en el citado comunicado, “se prioriza la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro”.
La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión “no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas”.
