“Solo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance” de la nueva normativa y “su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el estado español”, critica la plataforma, que destaca además que las “insuficientes” medidas “quedan mayoritariamente en manos de la voluntad política de las CCAA, renunciando a establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia”.
La Ley elaborada por el Gobierno “no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables si se superan los plazos, ni cumple con las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos al ignorar las obligaciones derivadas de los sucesivos dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Justicia”. Tampoco se incluye “ninguna garantía para los suministros básicos, los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada”, critica la plataforma.
La Iniciativa Ley Vivienda critica además la “influencia de la banca y los fondos buitres” en la creación del Parque público de vivienda protegida “al renunciar a movilizar las decenas de miles de casas vacías en manos de las entidades financieras rescatadas con dinero público”. En el mismo sentido, la norma “tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio”.
Además, “la regulación de alquileres que se propone es totalmente ineficiente: deja fuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas y, en los casos en que la Comunidad Autónoma pidiese al Estado aplicar la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen debido a la inexistencia de datos a nivel municipal”.
“Para colmo, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda ampliando la deducción a los arrendadores del 60% al 90% si aplican una ridícula reducción del alquiler del 5%, contra el criterio de la autoridad fiscal (AIReF), que ya ha dicho que este tipo de medida beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas”.
“Desde la Iniciativa Ley Vivienda exigimos al Gobierno que recapacite y retrase el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda, y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando al Gobierno y enmendando el texto que propone tramitar”, concluye la plataforma.
