Según detalla la asociación, en el pasado mes de abril 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. No obstante, apunta que el ingreso mínimo “engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada”. De esta manera, las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera “renta garantizada” son sólo 392.902 hogares (1.006.763 personas). O lo que es lo mismo, el 2,1% de la población española.
La previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas). Sin embargo, “la realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa”.
“Si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos”, asegura, “el IMV sólo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza”.
Dicho esto, pone de manifiesto que la situación no es la misma según la región en la que se viva. Así, el ingreso mínimo vital llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%). En el lado contrario, no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales “es necesario un impulso aún mayor” para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de Atención Primaria. Y es que, según recuerda, “los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social”.
A pesar de esto, critica que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias”. “El laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad”, lamenta.
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