De los avales del ICO a la prohibición de los desahucios: el balance de 2020 de Economía

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
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Este martes se ha presentado el informe ‘Cumpliendo’ para hacer rendición de cuentas del primer año de actividad del Ejecutivo. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha desplegado a lo largo del año un amplio paquete de iniciativas para ir dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, al acuerdo de Gobierno y a las medidas anunciadas por la responsable de la cartera de economía.

Durante el presente año, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “se ha impulsado la aprobación de once Reales Decretos Ley para dar respuesta a la pandemia y constituir y desarrollar la citada red de seguridad. Además, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se ha coordinado la política económica, avanzando en la hoja de ruta de reformas estructurales para un crecimiento más sostenible e inclusivo mediante la modernización del tejido productivo, el impulso del crecimiento y la productividad, la transición ecológica y la transformación digital”, afirma ‘Cumpliendo’.

El Ministerio ha impulsado siete anteproyectos de ley, 50 reales decretos, 95 acuerdos y 112 proyectos normativos en las áreas de su competencia, particularmente en el ámbito de la regulación financiera, de telecomunicaciones y audiovisual, tal y como señala el informe.

Dichos Reales Decretos-Ley incluyeron, además, medidas específicas para los colectivos más vulnerables, como la prohibición de los desahucios, ayudas a la vivienda o al alquiler, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, gas, agua o telecomunicaciones) y otras “destinadas a facilitar el acceso a la prestación por desempleo a colectivos que no tenían hasta ese momento derecho a la misma”, afirman desde el ministerio.

Incluían también, medidas para apoyar al tejido empresarial, como por ejemplo, las iniciativas para evitar concursos de acreedores o las destinadas a proteger las exportaciones a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Además del avance en el cumplimiento de esos compromisos, “la prioridad desde marzo ha sido la puesta en marcha de la respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia del covid-19, tejiendo una red de seguridad que ha movilizado más del 20% del PIB para proteger a trabajadores, autónomos, empresas y los colectivos más vulnerables”, indica el informe.

Dicho informe destaca también que la Vicepresidencia Tercera del Gobierno “lideró la Mesa del Diálogo Social constituida específicamente para contar con la participación de sindicatos y empresarios en este ámbito, que celebró ocho reuniones con participación de todos los ministerios del área económica del gobierno”.

Respecto a los ICO, desde el ministerio señalan lo siguiente: “las Líneas de Avales del ICO han permitido la concesión de 940.130 operaciones que han canalizado financiación por 114.191 millones de euros al tejido productivo. Los ERTE llegaron a tener cubiertos a unos 3,4 millones de trabajadores y la prestación de autónomos llegó a beneficiar a 1,5 millones de personas”.

Para financiar todas estas medidas y los efectos de la pandemia, “el Tesoro español ha tenido que hacer una emisión de deuda neta por importe de 109.922 millones de euros, en un año en el que se ha conseguido reducir el coste medio de financiación a un mínimo histórico del 1,86% y elevar el vencimiento medio de la deuda por encima de los 7,7 años”.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se señala que “desde el Gobierno español se impulsó la creación de un primer paquete de 540.000 millones de euros para financiar medidas de apoyo a trabajadores, empresas y países a través del nuevo mecanismo SURE de apoyo financiero a los Estados para los ERTE, de los avales y créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o con la nueva línea precautoria del MEDE”.

Asimismo, dicho ministerio “ha coordinado la política económica del gobierno, siguiendo la hoja de ruta de reformas estructurales para un crecimiento más sostenible. Durante 2020, se ha avanzado de forma significativa en el despliegue del Plan nacional de Energía y Clima para lograr los objetivos y compromisos de descarbonización, así como en el resto de prioridades políticas enmarcadas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”.

El informe ‘Cumpliendo’ hace hincapié en que “el pasado mes de julio se aprobó la agenda España Digital 2025, que recoge los diez ejes de actuación para impulsar una digitalización de la economía y la sociedad centrada en los ciudadanos”. “Además, se ha aprobado la Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, que establece la creación de un espacio de pruebas seguro para el desarrollo de nuevos productos y servicios (sandbox), también se han adoptado numerosas medidas para proteger a los usuarios de servicios financieros y el refuerzo de la protección de los ciudadanos con tarjetas de crédito revolving”.

Respecto a la regulación financiera, aseguran que “se está avanzando en la nueva normativa de sociedades de capital y en el denominado ‘paquete bancario’, con el fin de incrementar la solvencia del sector y la mejora de servicios a clientes, ámbito en el que se incluye el anteproyecto de ley de sistemas de pago y liquidación de valores”.

El informe señalado indica que ,durante 2020, “se han celebrado 8 reuniones de la mesa constituida para articular la participación de los agentes sociales, representantes empresariales y de los trabajadores, en la respuesta a la pandemia. En esta misma línea, se ha constituido ya la Mesa para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Además, se han celebrado numerosas reuniones con otros representantes de la sociedad civil, tanto asociaciones empresariales como de trabajadores autónomos y del tercer sector.

“En aras del refuerzo de la arquitectura institucional del Estado, se ha procedido a la renovación de los organismos de supervisión tras el vencimiento de los mandatos de sus anteriores responsables, nombrando en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el FROB y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a personas de reconocido prestigio”, señalan.

Para finalizar el informe referente a 2020, desde el ministerio señalan que “a lo largo del año los consejos asesores de Economía, Inteligencia Artificial y Transformación Digital, además del grupo de expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales, con el fin de contar con el conocimiento, la experiencia y las iniciativas de una amplia representación de expertos, académicos, agentes económicos y sociales para articular y desplegar la política económica del gobierno y la agenda de transformación digital”.