Dancausa declara como imputada en el caso ‘Mercamadrid’

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido llamada a declarar hoy por un presunto delito societario dentro del conocido como ‘caso Mercamadrid’, en una causa que afecta también a otros 15 exmiembros del Consejo de Administración de esa entidad.

Este juzgado incoó el pasado mes de mayo, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, diligencias previas para investigar a Dancausa y otros quince exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos Pablo González -hermano del expresidente del Gobierno regional e imputado en la operación Lezo-.

En su denuncia, la Fiscalía solicitó al juez que se les tomara declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio».

El Ministerio Público matizó que «en modo alguno esta operación ha supuesto un daño patrimonial de 11 millones de euros a Mercamadrid, como erróneamente sostienen el Gobierno de Ahora Madrid».

El equipo de Ahora Madrid, a su llegada al consistorio, llevó a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que hizo para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año.

Dancausa defendió recientemente que afronta «con mucha tranquilidad» su citación como investigada porque el Consejo de Administración tomó una decisión «buena» y el magistrado «lo va a entender perfectamente» y la declarará inocente, según recoge Efe.

El pasado 20 julio la delegada compareció en la ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por este asunto -a petición de Podemos, PSOE y Ciudadanos-, y sostuvo que «nunca» ha hecho «nada ilegal» y negó que los contratos suscritos con Merca Ocio supusieran un «daño patrimonial».

La operación, a juicio de Dancausa, resultaba «claramente beneficiosa para Mercamadrid» porque con ella «se ponía fin al litigio existente con Mercaocio desde el año 2001, que podía suponer un coste de ocho millones de euros más intereses» y se daba uso a unas naves «cerradas desde 2004».

La delegada también dijo que no veía «en qué sentido es incompatible» su actividad como delegada del Gobierno con la investigación judicial, al tiempo que reiteró que está «investigada» y no «imputada», ya que esta palabra «está cargada de connotaciones negativas».

Junto a Dancausa y Pablo González están investigados en esta causa José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa.

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