Carlos Cuerpo
“Nosotros, en el marco legal, estamos siendo muy respetuosos con nuestro marco doméstico, siguiendo los procedimientos, respetando los plazos, y por lo tanto yo creo que no debería de haber ningún tipo de conflicto, porque además pienso que nuestra normativa doméstica está perfectamente alineada con los objetivos y con la normativa europea”, ha defendido Cuerpo en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.
Tras la decisión que adoptó ayer el Ministerio de Economía de elevar la OPA al Consejo de Ministros para analizar si impone condiciones adicionales a la operación distintas a las marcadas por Competencia, fuentes de la Comisión Europea aseguraron que no ven motivos para que el Gobierno español bloquee o rechace la OPA y se vigilará que cualquier decisión que adopte se ajuste a la normativa europea.
Bruselas considera, según las mismas fuentes, que las autoridades competentes que puedan expresar su opinión sobre este acuerdo ya lo han hecho. El Banco Central Europeo (BCE), que opina sobre la solvencia, aprobó la OPA hace meses. Hace pocas semanas también fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la autoridad encargada de examinar la operación con arreglo al criterio de competencia.
De esta forma, la Comisión Europa “no está al tanto de ninguna razón que pueda justificar rechazar o bloquear la transacción”, detallan las fuentes comunitarias consultadas por Europa Press. Por lo tanto, Bruselas espera que el Gobierno se alinee con el BCE y la CNMC y apruebe la OPA.
“La Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación de la Unión Europea y no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados”, detallan las fuentes consultadas. Bruselas espera que haya “consistencia” entre el apoyo oficial de los Estados miembros a la Unión Bancaria y sus políticas nacionales sobre consolidación bancaria.
Preguntado por si le ha sorprendido esta reacción de Bruselas, Cuerpo ha señalado que hay que diferenciar dos ámbitos importantes: el legal, donde el Gobierno español “está siendo escrupuloso y garantista con el procedimiento y la normativa nacional”, y el otro sería el del contenido, de cómo cree España que se tiene que ir avanzando hacia la unión bancaria y cómo debe ser en el futuro el sistema financiero para poder competir a nivel internacional.
“Pero también para poder conservar y preservar estos objetivos de política económica tan importantes como que el crédito siga fluyendo a nuestras pymes, particularmente de manera generalizada en todo el territorio, que seamos capaces de proteger el empleo, porque no solo es proteger el empleo de aquellas oficinas que no se cierren, sino que la presencia también territorial de estas entidades protege la actividad económica de la zona y, por lo tanto, protege también el desarrollo económico y el empleo en aquellas comarcas, en aquellos municipios donde se mantienen”, ha destacado el ministro.
En este sentido, recoge la citada agencia, Cuerpo ha apuntado que, en todo el proceso de consolidación del sector financiero de la última década, a nivel rural se han mantenido como último banco cooperativas, cajas o pequeños bancos regionales, “donde el criterio estricto de rentabilidad no es el único que hay sobre la mesa”.
“Un ejemplo claro, por salirnos del territorio que estamos hablando, sería el caso de Abanca en Galicia. Yo creo que esto, de nuevo, configura un contexto en el cual tenemos que aterrizar a este tipo de criterios de interés general para tomar una decisión en cuanto a posibles condiciones adicionales que se puedan establecer, porque queremos proteger ese interés general”, ha indicado.
Así, Cuerpo ha indicado que el pronunciamiento de Bruselas “tiene que venir con respecto al alineamiento” de la normativa nacional con la europea. “Nosotros estamos siguiendo, por supuesto, a pie de la letra lo que establece nuestra normativa, en plazos y procedimientos. Y luego, Bruselas, esa interpretación, esa protección, es el garante de la protección de los tratados, pues tiene que ver hasta qué punto la normativa nacional de España está alineada con la normativa europea”, ha insistido.
En este sentido, ha reiterado que la normativa española está “perfectamente alineada con la normativa europea”.
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