Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha no lograrán reducir su deuda por debajo del objetivo de estabilidad, situado en el 13% del PIB, en los próximos 30 años, según las previsiones del Observatorio de Deuda del primer trimestre de 2017 publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). De hecho, solo Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco lograrán un nivel cercano al valor de referencia en 2020.
Respecto a los datos del primer trimestre del año, el informe observa que el crecimiento de la deuda pública hasta el 100,4% del PIB, según los datos del Banco de España, se concentra en el conjunto Administración Central y Fondos de la Seguridad Social, mientras que las Corporaciones Locales y el subsector Comunidades Autónomas (CCAA) han reducido su ratio en 0,1 puntos porcentuales, situándose en el 2,8% del PIB (31.570 millones de euros) y el 24,8% (24,9% al cierre de 2016), respectivamente.
En base a estos datos, la AIReF prevé una caída de la deuda pública de unos siete puntos porcentuales en el período 2017-2020, todavía insuficiente para alcanzar el valor de referencia del 60% del PIB. El escenario neutral de la Autoridad Fiscal mantiene que la consecución de los límites recogidos en la ley de estabilidad para el conjunto de las administraciones públicas ocurrirá en 2037.
En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, se prevé que, en 2017, en promedio, los habitantes de una CCAA necesitarían destinar 86 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda. En País Vasco o Madrid, esa cifra ronda los 50 días mientras que, en Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, llega a triplicarse. Los trabajadores de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia necesitan destinar aproximadamente un año de trabajo para amortizar la fracción de la deuda común que les correspondería.
Por último, en referencia a las Corporaciones Locales, la mayoría de los grandes ayuntamientos planean seguir amortizando deuda en 2017 con parte de los saldos primarios generados, como vienen haciendo desde 2012. El número de ayuntamientos con una población mayor de 250.000 habitantes, con una ratio de deuda sobre ingresos corrientes consolidados superior a 110%, ha disminuido en los últimos cuatro años, de cuatro a solo uno, Zaragoza.
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