Funcionario
Los último datos de paro y afiliación a la Seguridad Social conocidos hoy arrojan una destrucción de 56.732 empleos públicos desde el verano, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se lamenta de que en el debate electoral celebrado ayer los líderes políticos “pasaran de puntillas” sobre la situación de la administración pública.
“CSIF ha comprobado que el número medio de afiliados en inventarios de entes de Administraciones Públicas por Actividad Económica ha descendido en 56.732 personas entre agosto y septiembre (las últimas cifras que se publican en el informe presentado esta mañana)”, señala el sindicato en un comunicado. En lo que se refiere a los datos de octubre, “comprobamos como las personas afiliadas a Actividades Sanitarias y Servicios Sociales descienden en 35.951, la tercera peor cifra de octubre desde que comenzó la crisis”.
En ese sentido, la formación critica que el debate electoral de ayer –en el que participaron Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal– “pasó de puntillas y no dio respuesta a los graves problemas que afrontan nuestras administraciones públicas y el personal que trabaja al frente de las mismas garantizando los servicios y prestaciones que recibe a diario la ciudadanía”.
El sindicato más representativo en las administraciones públicas considera que “las intervenciones de anoche en el debate no aportan salida a la parálisis política e institucional que afronta España”.
CSIF considera necesario “abordar cuanto antes un Pacto de Estado en materia de las Administraciones Públicas” que pase por asuntos como la “recuperación salarial y equiparación de retribuciones entre administraciones, las 35 horas, la mejora de los servicios públicos, la gestión de personal, el refuerzo de los recursos y de la gestión pública, y la despolitización de la Administración”. También pide Pactos de Estado en ámbitos como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales o la Seguridad del Estado.
El sindicato advierte de que el voto de los 2,5 millones de empleados públicos y sus familias volverán a ser decisivos en unas elecciones que se van a decidir por un puñado de escaños. “Nuestro sindicato insiste en la necesidad de garantizar por decreto la subida para que se haga efectiva en enero de 2020”, concluye CSIF.
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