Una desbandada de depósitos en la que participaron incluso administraciones públicas obligó a las autoridades europeas a poner en marcha la resolución de Banco Popular, que acabó a principios de junio en manos del Santander por el precio simbólico de un euro. Ahora, el Banco Central Europeo (BCE) trabaja para evitar que pueda repetirse una situación similar, pero la medicina es cuanto menos polémica: otorgar al supervisor la capacidad de decretar corralitos en las entidades fallidas.
Sabine Lautenschlaeger, miembro del comité ejecutivo del BCE, considera que las resoluciones bancarias realizadas este año han puesto de relieve la necesidad de lo que se denomina una ‘herramienta de moratoria’, que otorgaría a las autoridades la capacidad de congelar los pasivos de un banco con el objetivo de ganar tiempo antes de tomar decisiones de tanto calado. Sus palabras se conocen en un momento en que Bruselas debate sobre el alcance que podrían tener estas medidas y apenas unos días después de que el propio BCE pusiera sobre la mesa que la moratoria incluyese también a los depósitos.
“Si tenemos una larga lista de exenciones y tenemos una moratoria que no funciona, prefiero no tener una herramienta de moratoria”, señaló Lautenschlaeger, que participó ayer martes en una conferencia en Frankfurt. “En ese caso nunca la usarás”.
Por el momento, parece que los estados miembro de la UE no hacen ascos a la propuesta, de acuerdo con un documento fechado el 6 de noviembre que desarrolla el proyecto de ley de quiebra bancaria propuesto por la Comisión Europea. Este ‘paper’, del que se hace eco Bloomberg, sugiere otorgar a las autoridades europeas el poder para limitar las retiradas de depósitos, aunque sólo después de que se haya declarado que la entidad bancaria afectada “está en graves dificultades o existe la probabilidad de que vaya a estarlo”.
El poder de instalar una moratoria “en principio puede aplicarse a los depósitos elegibles”, señala el documento. “Sin embargo, la autoridad de resolución debe evaluar cuidadosamente la oportunidad de extender la suspensión también a los depósitos cubiertos, especialmente los depósitos en poder de personas físicas y microempresas, pequeñas y medianas empresas, en caso de que la suspensión de dichos depósitos perturbe gravemente el funcionamiento de los mercados”.
El documento conserva la propuesta de la Comisión que permitiría a los supervisores imponer una retención de cinco días, aunque sólo se aplicaría a las entidades fallidas. La denominada ‘moratoria de intervención temprana’, que permitiría estas medidas en entidades que todavía no estuviesen sentenciadas, parece haber sido desechada finalmente tras levantar una fuerte polémica.
