“Nos encontramos en un momento político que exige que el Gobierno de coalición tome la iniciativa y reactive una legislatura que comenzó con el doble objetivo de avanzar en el fortalecimiento de los derechos sociales y laborales, por un lado, y dar respuesta a los retos de articulación territorial de nuestro país, por otro”, aseguran desde Sumar. De ahí que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo haya presentado esta mañana sus prioridades presupuestarias bajo el título ‘Cuentas para caminar, cuentas para transformar’.
Entre las medidas, en materia de vivienda destaca la prohibición temporal de la compra de pisos para especular y condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades a la aplicación de la Ley de Vivienda para limitar los precios de alquiler. Además, Sumar plantea establecer el contrato indefinido como contrato por defecto para las viviendas en alquiler y acabar con los alquileres turísticos ilegales.
En cuanto a Derechos sociales y derechos feministas, aboga por una prestación universal por crianza con un importe de 200 euros mensuales para el periodo de edad entre los 0 a los 18 años, la universalización de la educación en la etapa de 0 a 3 años y la implantación inmediata del permiso parental de cuidados retribuido.
A esto hay que añadir, por ejemplo, extender las ventajas de las familias numerosas a las familias monomarentales y la ampliación de las prestaciones sanitarias en salud bucodental, así como implantación de un programa específico de ayudas directas para la compra de gafas y lentillas.
Sobre fiscalidad, Yolanda Díaz y los suyos quieren que los próximos presupuestos incluyan un aumento de la tributación a las grandes empresas, la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias y que exista un “reequilibrio” del IVA. Es decir, “incluirlo en la educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos”.
Hacer permanente y reforzar el impuesto a las energéticas y a la banca y eliminar los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, incluyendo la obligación de pagar el IBI, son otras de sus demandas.
