Un informe elaborado por las asociaciones cannábicas calcula que los consumidores se gastan 1.163 millones al año y que si se creara un IVA para la marihuana del 18 %, al Estado recaudaría una cifra anual de 177 millones de euros. Además, el estudio concluye que si se legalizara el consumo se crearían más de 38.000 empleos, lo que generaría ingresos de 400 millones de euros en concepto de Seguridad Social e IRPF.
En un informe, al que ha tenido acceso Efe, las asociaciones cannábicas calculan que el 2 % de la población española de entre 15 y 64 años de edad consume cannabis diariamente, con una media mensual de gasto de 100 euros, mientras que otro 7,6 % de la población de la misma franja de edad es consumidor eventual, con un gasto mensual de 13 euros al mes.
De esta forma, según el estudio, los consumidores de marihuana invierten cada mes en España 86,9 millones de euros en comprar esta sustancia, lo que suponen 1.163 millones al año.
En Cataluña, donde hay abiertas unas 200 asociaciones cannábicas de autoconsumo, los fumadores de marihuana gastan al mes unos 15,4 millones de euros, lo que significan 185,4 millones al año, según el informe.
Para los responsables del estudio, la mayor parte del dinero invertido en comprar cannabis forma parte de la economía negra y en muchas ocasiones acaba en manos de las mafias de narcotraficantes.
Por contra, si se creara un «IVA del cannabis» o si toda la marihuana se adquiriera a través de las asociaciones de consumidores -donde la compra de la hierba ya tributa un IVA del 18 %-, se reportaría al Estado una cifra anual de 177 millones de euros, de los que 28 recaerían en Cataluña, según el informe.
Los autores del estudio, que a principios de año impulsaron el proyecto para instalar una plantación municipal de cannabis en Rasquera (Tarragona), sostienen que si se legalizara el consumo de cannabis se podrían generar en España más 38.000 puestos de trabajo (de ellos 6.000 en Cataluña), dedicados al cultivo y al mantenimiento de las asociaciones cannábicas.
La creación de estos puestos de trabajo comportaría, según el informe, unos ingresos adicionales de 400 millones de euros para el Estado (64 de ellos en Cataluña) en concepto de Seguridad Social e IRPF.
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