Carmena recupera las ayudas a las escuelas de música y danza que Botella fulminó

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
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El Ayuntamiento de Madrid eliminó las subvenciones a estas escuelas, provocando un descenso de las matrículas y un empeoramiento de la situación laboral de la plantilla. El Gobierno de Manuela Carmena ha aprobado la recuperación de las ayudas públicas a las Escuelas Municipales de Música y Danza, unas subvenciones que eliminó el Ayuntamiento de Madrid en 2012 con Ana Botella de alcaldesa.
 
El Consistorio ha acordado un gasto plurianual de 5,2 millones de euros y que el contrato tenga vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de agosto de 2019, ambos inclusive.
 
En el pliego de prescripciones técnicas se contempla las adjudicaciones en cuatro lotes por zonas. El Lote 1 correspondería a las escuelas de Usera, Villaverde y Carabanchel; el Lote 2 a Chamartín, Arganzuela y Retiro; el Lote 3 a San Blas-Canillejas, Barajas, Villa de Vallecas y Vicálvaro; y el lote 4 correspondería a Hortaleza, Fuencarral y Tetuán.
 
La Red de Escuelas de Municipales de Música y Danza comenzó en el año 84 y en la actualidad el Ayuntamiento de Madrid cuenta con 13 centros de enseñanza no reglada con 6.120 alumnos matriculados. Ofrecen formación práctica, desde los cuatro años y sin límite de edad, y entre sus objetivos se encuentra cultivar la afición por la música y danza como medio de comunicación cultural, además de adquirir la destreza necesaria para la práctica de ambas disciplinas
 
Las Escuelas Municipales de Música son El Capricho (Barajas), Federico Chueca (Hortaleza), Nicolás Salmerón (Chamartín) Antonio Machado (San Blas-Canillejas), Maestro Barbieri (Usera), Ágata (Villaverde), Villa de Vallecas (Villa de Vallecas), Carmelo Alonso Bernaola (Fuencarral-El Pardo), Manuel Vázquez Montalbán (Tetuán), Vicálvaro (Vicálvaro), Almudena Cano (Arganzuela), Isaac Albéniz (Carbanchel) y la Escuela Municipal de Música y Danza Plácido Domingo (Retiro).
 
Recuperar ayudas imprescindibles
 
En 2012 el anterior equipo de Gobierno retiró las ayudas económicas a las concesionarias que gestionaban estos centros educativos dentro del plan de recortes extraordinario que aprobó la alcaldesa Ana Botella para sanear sus cuentas. El dinero que recibían las concesionarias hacía que los usuarios abonasen únicamente un 33% del coste real del servicio. Pero con la desaparición de la ayuda municipal, el alumnado tenía que pagar el 100% de las clases, lo que suponía que una familia que pagaba alrededor de 50 euros mensuales pasó a pagar 150.
 
El incremento del precio de las tasas hizo que el número de alumnos descendiera considerablemente y que las condiciones laborales de sus trabajadores empeoraran de forma notable. Una situación que se agravó, según el equipo de Gobierno de Carmena, cuando un año más tarde, en 2013, el Ayuntamiento decidió además imponer un canon a estas concesionarias en concepto del uso de las instalaciones municipales.