La nueva presidenta madrileña se ha comprometido a la despolitización y la profesionalización de la cadena autonómica. El sindicato UGT en Telemadrid ha aclarado a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el 25% de los trabajadores del ente público son directivos o contratados fuera de convenio.
“De los 317 trabajadores de la plantilla actual del Ente Público Radio Televisión Madrid, 72 son directivos o contratados fuera de Convenio, lo que representa un 25% de los supervivientes del ERE, que conllevó el despido de 861 profesionales”, explica el sindicato en una nota.
“La mayor proporción de directivos y excluidos de convenio se da en Telemadrid, sociedad en la que suman 56 entre una plantilla de 190. Es decir un tercio del total de los trabajadores de la televisión autonómica madrileña”, añade UGT.
Además, el sindicato detalla que actualmente el total de gastos de personal de EPRTVM asciende a algo más de 25 millones de euros “que dividido entre los 317 trabajadores de la plantilla sale a casi 79.000 euros per cápita”.
Una situación muy diferente a la que había antes del ERE ya que “las tablas salariales del convenio fijaban en 2010 una horquilla salarial que iba entre los 38.340 euros brutos del nivel 1 y los 21.030 euros brutos del nivel 7A. El 70% por ciento de la plantilla de entonces estaba entre los niveles 5 y 3 con una media de salario bruto de entre 26.597 y 29.690 euros”. “Justo los tramos más afectados por el ERE”, añade.
El sindicato ha recordado estos datos un día después de que Cristina Cifuentes haya sido investida como presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a un acuerdo con Ciudadanos en el que se compromete a impulsar una nueva Telemadrid, con “criterios de despolitización, profesionalización y elección del Consejo y Director General por mayorías cualificadas”. En el pacto se cita como ejemplo para la cadena pública el modelo de gobernanza de la BBC, “como guía o los principios objetivos que perseguía el ente como servicio público garantizando su pluralidad”.
Lo que no han aclarado en ningún momento es qué pasará con los más de 800 trabajadores que se quedaron en la calle a través de un ERE no ajustado a derecho según el Tribunal Supremo.
