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El Barça logra que el ‘caso Neymar’ se juzgue en Barcelona

Neymar

La Audiencia Nacional estima los recursos de Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y del club azulgrana. La Audiencia Nacional ha estimado los recursos de Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y del FC Barcelona y ha enviado la investigación sobre el fichaje de Neymar a los juzgados de Barcelona. Los imputados en el caso defendieron desde el primer momento este traslado al poner en duda la imparcialidad de los tribunales de Madrid. Contra esta decisión no cabe recurso.

Los tres magistrados que firman el auto rechazan los argumentos del juez de la Audiencia Pablo Ruz para mantener en este tribunal la causa. En primer lugar, señalan que el daño económico que los dirigentes del club hicieron a las cuentas del Barça se materializó en Barcelona, no en Brasil como defendía Ruz.

“Los fondos distraídos fraudulentamente se encontraban en las cuentas del FC Barcelona, ya que es desde allí desde donde se ordenan las transferencias, con independencia del destino de los fondos, para lo que la intervención de los sujetos de nacionalidad española en el extranjero, en este caso Brasil, resultaría intrascendente”, indica el auto.

Respecto a la tesis de que la cantidad supuestamente defraudada, 13 millones, es muy elevada y por tanto corresponde a la Audiencia su investigación, los magistrados de la Sala de lo Penal que firman el auto consideran que “la cuantía tampoco parece excesiva, no ha producido ni grave repercusión a la economía nacional ni grave quebranto en el tráfico mercantil, ni se trata de una causa compleja”.

Este traslado se produce unos días después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sustituto de Ruz, dictara auto de apertura de juicio oral contra el presidente del Fútbol Club Barcelona, su antecesor Sandro Rosell y el Barça como persona jurídica por fraude fiscal.
La Fiscalía pide para Bartomeu dos años y tres meses de cárcel y para Rosell siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.

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