El PP ha condicionado su apoyo al decreto del estado de alarma, anunciado este domingo por el Gobierno para tratar de contener la segunda ola de covid-19. Según ha explicado Pablo Casado, los populares respaldarían esta medida siempre y cuando su duración no pase de las ocho semanas y se apruebe un marco legal con una modificación de la ley del 86 que podría estar lista ya en diciembre.
El líder del PP, en una intervención en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, ha dejado claro que el estado de alarma “no puede superar en ningún caso las ocho semanas”. Es decir, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere contar con los votos de la bancada popular en el Congreso no se puede extender hasta mayo, como defendió este domingo tras el Consejo de Ministros extraordinario.
Según ha manifestado, si el presidente quiere “tener un respaldo que refleje que hay una unidad y una dirección conjunta”, el PP exige que la alarma se levante antes de Navidad. Pese a defender que lo mejor sería que estuviera vigente únicamente un mes, Casado ha manifestado que da “margen” al respecto para poder llegar a un acuerdo. De esta manera, llegaría a su fin a mediados de diciembre, salvando la campaña navideña. Junto a controlar la movilidad debido a los puentes que se avecinan, también se daría “cierta tranquilidad” a las personas mayores para poder ver a sus familiares y no tener que esperar hasta el 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma propuesto por Moncloa.
La otra exigencia puesta por el PP pasa por acometer un ‘plan b’ jurídico que contempla la aprobación de un marco con una modificación urgente de la ley orgánica del 86.
Previamente, Pablo Casado ha desgranado varias consideraciones tras haber hablado ayer con el propio Pedro Sánchez. Entre ellas, que el nuevo estado de alarma es la “constatación de un gran fracaso”, ya que se recurre a esta iniciativa tras asegurar antes del verano que se había derrotado al virus. Asimismo, ha reiterado que la responsabilidad en materia de pandemias es del Gobierno de la nación y no de las Comunidades Autónomas y que la alarma no puede extender durante meses.
