Ayuntamiento de Madrid

Continúa la batalla entre Montoro y Madrid: Hacienda vuelve a rechazar el Plan Económico y Financiero

El Ministerio de Hacienda tumba por segunda vez las cuentas al entender que se sigue incumpliendo la regla de gasto prevista para el ejercicio de 2016.

Cristobal Montoro

La guerra entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid ha vivido este lunes una nueva batalla. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha vuelto a rechazar por segunda vez el Plan Económico y Financiero que ha aprobado el Consistorio que dirige Manuela Carmena al entender que se sigue incumpliendo la regla de gasto prevista para el ejercicio de 2016.

Así lo han señalado fuentes de Hacienda a Europa Press, aunque el delegado de Economía del Gobierno municipal, Carlos Sánchez Mato, ha avanzado que plantearán un acuerdo de no disponibilidad de partidas que puedan financiarse como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Con este movimiento, el Consistorio cumpliría la promesa que ha lanzado en los últimos meses: no se va a recortar gasto público para hacer frente a los reclamos de Montoro que pide inmovilizar 238 millones de euros.

Asimismo, como argumentan desde el Ayuntamiento de Madrid, al tener superávit se pueden ejecutar inversiones financieramente sostenibles si cumplen o no superan los límites que fija la Ley reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

Por ello, desde el Consistorio no comprenden la negativa de Montoro. Se trata de la segunda vez que el Ministerio de Hacienda echa para atrás el Plan presentado por el Ayuntamiento. La primera fue el pasado mes de enero, al considerar que el Ayuntamiento que dirige Carmena “no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales”.

De esta manera, la tensión entre Ayuntamiento y Hacienda aumenta ya que, como determina la ley, en el supuesto de que Gobierno local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos, se procederá al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento. Una situación que, si se considera que está provocando una “gestión gravemente dañosa para los intereses generales”, puede llevar a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora.

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