Según señala el departamento de Pablo Bustinduy, estas prácticas suponen un incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista “ya que esta norma estipula que, a la hora de mostrar el descuento de un producto, se debe indicar como precio de referencia el menor precio que haya tenido ese producto en los 30 días anteriores al descuento”.
De esta manera, las “falsas rebajas” suponen un “engaño directo” para las personas consumidoras, ya que incumplen lo que dice la ley en relación con el porcentaje de oferta aplicado.
En base a esta normativa, estas prácticas han sido sancionadas como infracciones graves. Lo que se traduce en multas de casi los 350.000 euros (348.000 €) y la prohibición de reiterar estas prácticas en el futuro.
De las siete empresas sancionadas, tres han admitido haber realizado estas prácticas engañosas y han decidido no recurrir, abonando las multas por pronto pago. Las cuatro empresas restantes no han admitido la culpa, lo que ha supuesto que sus sanciones sean más elevadas.
Además, la Dirección General de Consumo ha concluido un octavo expediente por “Terminación Convencional”, lo que “supone la asunción por parte de la empresa de una serie de compromisos encaminados a modificar sus conductas en aras de respetar la normativa vigente”.
‘Price redution tool’
Para llevar a cabo estos expedientes sancionadores, la Dirección General de Consumo monitoreó cientos de precios durante el Black Friday al que se corresponden estas multas, el del año 2023, utilizando la herramienta ‘Price redution tool’. “Esta herramienta ha sido desarrollada por la Comisión Europea y permite monitorizar en tiempo real si las ofertas realizadas en épocas de elevado consumo cumplen con la normativa sobre indicación de precios”, explican desde el ministerio.
