Así lo ha anunciado el departamento de Pablo Bustinduy en una nota en la que señala que la resolución es firme y agota la vía administrativa después de que el propio ministro “haya resuelto el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas”.
La sanción de Consumo, ratificada por Bustinduy, establece que esta empresa ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves. En concreto, hace referencia a la “imposición al arrendatario la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato”, así como “de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora” y de los “cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario”.
A esto se une, detalla el ministerio, la “imposición al inquilino de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas”, la “introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato” y la “exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino”.
“La Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”, recuerda Consumo.
Más allá de la multa económica
Además de la sanción económica, la resolución obliga a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificada y a hacer pública la multa impuesta.
El expediente a Alquiler Seguro se puso en marcha en marzo de 2025, y se abrió otro a una segunda inmobiliaria por hechos similares “cuya investigación sigue en marcha”, apunta el ministerio.
