“3.600.902 euros. Esa es la cuantía a la que asciende la multa que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro”. Así lo ha desvelado esta mañana Facua-Consumidores en Acción en una nota en la que detalla que esta propuesta pasa ahora a la fase de valoración del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, quien en los próximos meses tomará su decisión tras valorar las posibles alegaciones de las partes.
En la resolución, que Consumo ha comunicado a la asociación tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, “se desgranan una tras otra las numerosas irregularidades que han localizado en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios”. También desestima las alegaciones que la agencia presentó contra la primera propuesta de sanción realizada en marzo.
Irregularidades
Entre las irregularidades detectadas, la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que “disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble”. A esto hay que sumar “la obligación de contratar un seguro del hogar -cuestión que también debe competer al arrendador-” y “un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.
Facua denunció a la inmobiliaria en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, “cobro que justificaban en la prestación de un ‘servicio de atención al inquilino’ que incluía, entre otros, ‘asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos’, ‘asesoramiento jurídico’ sobre el contrato de alquiler e incluso ‘resolución de siniestros e incidencias’, una gestión que en muchos casos corresponde al propio arrendador”.
La asociación ha recibido ahora la propuesta de resolución sancionadora, en la que se acredita que Alquiler Seguro cometió seis infracciones calificadas como “muy graves” y una como “grave” en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
