Bustinduy ha recalcado que esta medida cuenta con un amplio apoyo social, en referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). De acuerdo a la encuesta, nueve de cada diez personas en España apoya esta prohibición.
Además, ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años, apoyan prohibir las bebidas energéticas.
El estudio de la AESAN refleja también una percepción de riesgo clara sobre las bebidas energéticas. Por ello, recoge Consumo en una nota, el ministro ha recalcado la necesidad de regular su venta, teniendo en cuenta, además, otros datos que arroja el propio barómetro. Por ejemplo, que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana de media. Por otra parte, casi la mitad (el 49%) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47% las mezclan regularmente con alcohol.
“Esta regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de todo el país que impulsó el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy el año pasado, con la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles”, recuerda Consumo.
Además, viene precedida por el informe sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas que elaboró el Comité Científico de la AESAN en el año 2021 y que señalaba que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados que van desde la alteración del sueño (tanto en el tiempo necesario para conciliar como en su duración), hasta efectos psicológicos y alteración del comportamiento, así como trastornos cardiovasculares.
Esta iniciativa también va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania; y con normativa que se implanta ya en España por algunos gobiernos autonómicos como el de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias, lo que, a juicio de Consumo, “refuerza la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer así la unidad de mercado”.
Limitación de la publicidad de alimentos no saludables
En paralelo a esta medida, Bustinduy ha recordado que desde Consumo se pondrá en marcha una regulación de la publicidad de alimentos no saludables destinada a niñas, niños y adolescentes. “Son anuncios nocivos para su salud”, ha dicho, y ha asegurado que estas medidas responden a un “clamor social”.
Bustinduy ha remarcado la importancia de proteger a la población infantil y adolescente de este tipo de anuncios y de que, de esta manera, nuestro país de un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos sanitarios como la OMS o la AESAN, que recalcan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional, también como una de las claves para atajar la obesidad infantil, un problema que en España afecta especialmente a las familias con menos recursos.
“En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables”, ha alertado Bustinduy, citando un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente en España.
“Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”, ha asegurado el ministro, y ha defendido la acción normativa en este ámbito como una “cuestión de salud pública” y para “garantizar los derechos de la infancia”, aunque eso implique, ha dicho, “poner coto a los poderosos”.
