En aquel momento, Consumo trasladó al Ayuntamiento que en Madrid había más de 15.000 alojamientos turísticos operando sin licencia (15.204). Los datos de Consumo reflejaron que en la capital se anunciaban un total de 16.335 pisos turísticos, “dato que contrastaba con las cifras oficiales ofrecidas por el Consistorio, que señalan que únicamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio”, destaca el ministerio en una nota.
Consumo, por entonces, también facilitó al Ayuntamiento de Madrid las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales. Ahora, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy da un paso más y aporta los datos postales de otros 2.347 pisos turísticos ilegales.
En total, ha entregado al consistorio madrileño las direcciones de 3.565 alojamientos turísticos ilegales para que pueda actuar inmediatamente, clausurar los alojamientos y, en su caso, abrir expedientes sancionadores en base a sus competencias. “Estos alojamientos están incumpliendo la normativa urbanística de la ciudad de Madrid por lo que es el Ayuntamiento la autoridad competente para su inspección y cierre”, remarca.
Cada uno de estos pisos turísticos ilegales va acompañado, además, de su anuncio en una de las diferentes plataformas dedicadas a su alquiler, “por lo que se demuestra que actualmente están operativos”.
El archivo digital remitido por la Secretaría General de Consumo y Juego va acompañado de una carta firmada por el propio Pablo Bustinduy, en la que señala que el objetivo de este envío es “facilitar la labor de inspección y sanción” del Consistorio y “contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía”. “Con el ánimo de seguir colaborando con las administraciones competentes en esta materia y ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación”, señala la misiva firmada por el ministro.
Booking y Airbnb
La acción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de este lunes se enmarca en el conjunto de actuaciones que se están llevando a cabo para “enfrentar la proliferación de pisos turísticos ilegales y atajar el problema de la vivienda en España”.
Entre ellas, se encuentra la retirada por parte de Booking de más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo y el bloqueo impuesto a Airbnb de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, que fue recientemente avalado en un primer auto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además el Ministerio de Consumo mantiene abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar publicidad ilícita.
A esto hay que añadir otro expediente sancionador a grandes gestoras por potenciales prácticas engañosas, así como dos expedientes sancionadores a sendas inmobiliarias por prácticas abusivas en la gestión del alquiler.
Consumo reclama al Ayuntamiento de Madrid “voluntad política y una actuación decidida”, siguiendo ejemplos como el del Ayuntamiento de Barcelona, “que durante el mandato de Ada Colau consiguió cerrar 7.000 pisos turísticos ilegales y recuperar 3.000 para el mercado de vivienda habitual”.
