El ministro Pablo Bustinduy en una imagen de archivo 2
En plena ofensiva contra las irregularidades del mercado del alquiler, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha intensificado su vigilancia sobre las agencias inmobiliarias. Desde octubre, Consumo investiga posibles abusos en la gestión del alquiler, como el traslado indebido de costes al inquilino o la imposición de servicios innecesarios. Los últimos expedientes ponen de relieve el alcance de una problemática que afecta a miles de arrendatarios en todo el país.
El expediente incoado por la Dirección General de Consumo afecta a una agencia inmobiliaria cuyo nombre no ha sido revelado, y se suma al procedimiento abierto a Alquiler Seguro en marzo pasado por supuestas prácticas similares. Ambas actuaciones forman parte de una investigación iniciada a raíz de denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la OCU, quienes alertaron de comportamientos contrarios a los derechos de los arrendatarios.
Entre las conductas señaladas se encuentran:
Cobro de comisiones por la gestión del arrendamiento.
Imposición de seguros o servicios no solicitados.
Prácticas que contradicen la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda, que prohíbe cargar al inquilino con los gastos de gestión inmobiliaria.
Las sanciones podrían alcanzar hasta un millón de euros o multiplicarse por ocho el beneficio ilícito obtenido
Según la Ley de Defensa de los Consumidores, las prácticas detectadas pueden considerarse graves —sancionables con hasta 100.000 euros— o incluso muy graves, con multas que pueden superar el millón de euros. El importe final dependerá del beneficio económico obtenido de manera ilícita por la agencia investigada.
Desde el Ministerio insisten en que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final, pero sí refuerza el compromiso de proteger el derecho a una vivienda digna.
Esta actuación contra agencias tradicionales se suma a los expedientes abiertos contra plataformas de alquiler turístico, en especial Airbnb, acusada de mantener miles de anuncios ilegales y de emplear publicidad engañosa. Solo en esta plataforma, Consumo ha ordenado el bloqueo de más de 65.000 anuncios.
Asimismo, también están bajo investigación diversas empresas que gestionan pisos turísticos por supuestamente ofrecer información falsa o equívoca, violando el principio de transparencia con el consumidor.
Consumo ha declarado que proteger el derecho a la vivienda es una prioridad y que actuará contra cualquier actor del mercado que lo vulnere
Como complemento a estas medidas, Consumo ha impulsado acciones informativas con operadores del sector para alertar sobre las cláusulas abusivas. La intención es que tanto profesionales como arrendadores particulares conozcan los límites legales y eviten incurrir en infracciones.
La campaña se enmarca en la defensa del derecho al acceso a la vivienda, entendido como un bien de primera necesidad amparado por la ley, tal como ha recordado el Ministerio.
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