La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de competencia autonómicas han advertido a las administraciones públicas y locales que vigilarán las medidas que adopten respecto a la actividad de las VTC en base al real decreto ley convalidado recientemente por el Congreso. Les recuerdan que deben respetar “los principios de buena regulación (fundamentalmente, necesidad, proporcionalidad y no discriminación)”.
El regulador del mercado que preside José María Marín Quemada ha respaldado en varias ocasiones a las empresas de servicios VTC, como Uber o Cabify, en la guerra que mantienen con el taxi, y ahora avisa que seguirá con atención las decisiones que se tomen en base a la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El decreto ley otorga a las autonomías y los ayuntamientos las competencias para regular las licencias y la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor dentro de las ciudades. Estas administraciones son, por tanto, las encargadas de dar nuevas licencias y tomar decisiones en aspectos relativos a estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica para los VTC.
En este sentido, la Competencia advierte a los Gobiernos regionales y locales que sus determinaciones “deberán respetar el funcionamiento competitivo de los mercados”. En caso de que se adopte “cualquier limitación o restricción que altere este funcionamiento”, ésta deberá venir precedida, recuerda el organismo “de una ponderación de los intereses generales que se pretenden salvaguardar con tal restricción y aquellos otros intereses derivados de un funcionamiento competitivo de los mercados”. “Ello se traduce en la aplicación de principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación en la regulación de las actividades económicas”, añaden tanto la CNMC como las autoridades de competencia autonómicas en una declaración conjunta.
Además, el Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia llama la atención acerca de la conveniencia de que toda regulación autonómica y local sobre el servicio VTC que se adopte se someta a informe previo de las autoridades de competencia.
