La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno la derogación del Real Decreto que realizó sobre los vehículos para el transporte de pasajeros con conductor (VTC), utilizados mayoritariamente por plataformas como Uber o Cabify. Competencia considera que ese decreto “restringe la competencia” de forma injustificada.
Un comunicado de la CNMC asegura que ese decreto limita la competencia en varios aspectos. Uno de ellos, prohíbe comerciar con las licencias de vehículos VTC durante dos años. Competencia considera que esa prohibición “desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo”.
Con esta medida, añade la CNMC, “se limita la liquidez del mercado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas en el mercado. Esto terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros, usuarios de los servicios VTC”.
Por otro lado, Competencia lamenta que el Real Decreto obligue a los titulares de las VTC a comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje antes de su realización. “Esta medida supone una barrera a la movilidad geográfica de las compañías VTC, tanto por la exhaustividad de la información que se les requiere como por la exigencia de comunicación del viaje antes de completarlo”, critica el comunicado.
La CNMC señala además que “no se aprecian motivos” que justifiquen la creación de un registro a escala nacional donde deban figurar singularmente cada uno de los servicios prestados por cada operador antes de que se realicen.
Este requerimiento al Gobierno es un paso previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre.
