Tal y como recuerda este órgano, la Generalitat exige en su Decreto Ley 3/2023 una licencia para el uso turístico de viviendas, con el fin de proteger el entorno urbano de los municipios catalanes. Para la CNMC el Ejecutivo autonómico “debería haber efectuado un especial esfuerzo de motivación en términos de necesidad y proporcionalidad de algunas medidas adoptadas”.
En concreto, cuestiona el tope máximo de viviendas turísticas por habitantes. “De acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo (sentencias 1408/2019 y 1218/2020), este tipo de medidas requieren un especial esfuerzo de motivación en términos de proporcionalidad y de adecuación”, afirma en una nota. Además, continúa, “la medida en cuestión no tiene en cuenta las características que distinguen los municipios afectados”.
Ante esto, propone como alternativa definir un impuesto o tasa sobre la estancia en alojamientos turísticos, cuyos ingresos “se podrían utilizar, por ejemplo, para financiar medidas que facilitaran el acceso a una vivienda permanente”.
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