Comienzan a declarar los 25 excargos de Gallardón por el primer pelotazo del Canal

Hasta 25 nombres de antiguos cargos de la cúpula de Alberto Ruiz- Gallardón en su época al frente de la Comunidad de Madrid definirán la suerte del expresidente y exministro popular en la investigación de los supuestos desfalcos millonarios en el Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó citar este martes a los antiguos miembros del consejo de Administración de la empresa pública de aguas, epicentro de la operación Lezo, para esclarecer la presunta compra irregular de Inassa, filial colombiana del Canal, en 2001.

De Egea, juez de apoyo del instructor de Lezo, Manuel García Castellón, pidió la imputación de dos docenas de personas cercanas a Gallardón, como el actual presidente de Adif, Juan Bravo, o el exconsejero regional Pedro Calvo.

También están imputados todos los miembros del consejo del Canal que hace ahora 17 años aprobaron la adquisición de Inassa por 83 millones de euros y en la que la justicia investiga un posible desfalco de hasta 70 millones.

Todos ellos comienzan hoy a desfilar por la Audiencia Nacional y estarán testificando hasta el 15 de enero. También deben comparecer el exdirector gerente del Canal, que actualmente preside la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda.

Por otro lado, el magistrado ordenó la imputación de otras “personas vinculadas a la operación de compraventa” por “su posible participación como compradores, vendedores y gestores a través de distintas empresas interpuestas”, entre las que están Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde, según recogió Europa Press.

Todos estos nombres fueron sugeridos como imputados por la Fiscalía Anticorrupción, que estima “la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana”.

Paraísos fiscales éticos

Aunque la Fiscalía no considera que la imputación de todo su entorno deba conllevar la acusación contra el propio expresidente popular, lo que ocurra en estas vistas será clave para el futuro procesal de Gallardón en el contexto de Lezo y el Canal de Isabel II.

Hace menos de un mes el expresidente comparecía en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid, esa misma que ayer abandonó el PP de Cristina Cifuentes por considerarla “una causa general contra el PP”. Allí, el antiguo presidente madrileño, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia defendió que no sabía que Inassa se compró mediante una sociedad instrumental en Panamá.

Pero aseguró que, de haber sido informado de ello de boca de sus consejeros y con la documentación que ahora conoce sobre cómo se diseñó aquella compra, habría aprobado esa operación del mismo modo que lo hizo en su momento.

Insistió en estar “orgulloso” de aquellas operaciones porque “no hubo nada ilegal”: “Si es legal y beneficioso para los madrileños, a mí me parece ético”.

“La única opción era hacer una sociedad mercantil”, repuso Gallardón sobre la compra del 75% de las acciones de Inassa, empresa en la que el Canal Isabel II entró para expandir su negocio de prestación de servicios de aguas hasta Latinoamérica.

Para aprobar la maniobra, se requirió la firma expresa del presidente de la región porque la compra requirió una operación de endeudamiento. En este sentido, Gallardón reiteró que su rúbrica solo era necesaria por ese particular, y no por la envergadura o el diseño de la compra como tal.

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